Los trabajadores de los centros de acogida de menores de la DGA han decidido plantar cara a los recortes recogidos en el próximo pliego de condiciones para gestionarlos. Sostienen que la reducción de presupuesto no solo afectará a sus empleos, sino que redundará en la atención a estos jóvenes, que el Gobierno ha de tutelar temporalmente ante problemas de maltrato, abusos o abandono familiar. El lunes, cuando termina el plazo para que las empresas se presenten candidatas para gestionarlos, se concentrarán ante el Pignatelli --a las 12.00 horas--, presentarán alegaciones a los pliegos y, por la tarde, decidirán en asamblea si van a la huelga.

"El problema es muy grave porque ya no partimos de una situación ideal", explica Javier Itxaso. Es el presidente del comité de empresa y portavoz de los trabajadores de la Fundación Atención Integral al Menor (FAIM), que gestiona el Centro de Observación y Acogida (COA), uno de los seis --sin contar pisos-- que gestiona la DGA. "La atención ya es precaria, y los suplimos con imaginación y esfuerzo. Raramente cumplimos el horario, porque si estás lidiando con un chaval con crisis de ansiedad o un brote psicótico, no te vas a ir porque acabes tu turno. Si reducen el personal, podemos no llegar a prevenir daños físicos, como autolesiones", advierte.

AUMENTO ENGAÑOSO El presupuesto del nuevo pliego de condiciones para este centro es un 2% superior al anterior para el centro, con 1.078.000 euros anuales. Lo que ocurre, explica Itxaso, es que antes la concesionaria solo tenía que hacer frente al salario de los trabajadores. Ahora, se incluyen todos los gastos corrientes que el momento asumía la DGA: material escolar, sanitario, alimentación, etc.

En el COA trabajan 26 educadores para 24 jóvenes, de entre seis y 18 años, y aún así no dan abasto. "Hay que tener en cuenta la atención que necesitan", detalla el portavoz, con casos escalofriantes de maltrato o abusos sexuales a sus espaldas. Los trabajadores han de suplir temporalmente a una familia de 24 hijos con problemas, con el "tiempo completo" que supone. En el pliego se mantienen los 26, pero solo 21 serían permanentes.

Izquierda Unida criticó también ayer que la DGA primer los criterios económicos frente a la atención a la infancia.