Irónico. Esperpéntico. Así puede calificarse el desarrollo de la primera reunión de trabajo de la denominada Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas. ¿Cómo si no puede definirse el hecho de que aquellos colectivos sociales que tienen la oportunidad de comparecer ante los grupos políticos para exponer sus opiniones y demandas ya no puedan explicar, debatir, contestar o rebatir los argumentos de cada uno de los portavoces?
La decisión de cambiar el procedimiento de esta comisión la tomó la mesa --compuesta por el PP, PAR y PSOE-- de manera unánime entre todos sus representantes. Y el resultado fue una sesión de puro trámite, con la suma de meros speechs sin trasfondo de los portavoces de cada uno de los partidos políticos presentes en el hemiciclo. Ya que cada cual se dedicó a repetir sus posturas políticas mientras los colectivos atendían atónitos, sin poder contestar, a los comentarios expuestos.
"Queremos denunciar como un déficit democrático que en la comisión no hayamos podido responder en un turno de réplica, sin tener en cuenta nuestra petición para ello, ni tampoco la de algunos grupos parlamentarios en el mismo sentido. Consideramos estas comisiones pierden sentido", fue la respuesta del primer colectivo que participó ayer, el compuesto por Jalón Vivo, Coagret y Seo/BirdLife. También intervino la Asociación Scouts de Aragón.
Adolfo Barrena, coordinador de Izquierda Unida en Aragón, fue el primero en pedir a la mesa que reconsiderase su decisión. CHA se sumó a la solicitud. Y ya en ruegos y preguntas, la propia portavoz socialista, María Victoria Broto, mostró su disconformidad. A lo que la presidenta de la mesa, la popular Ana Marín, le contestó que no tenían inconveniente en reconsiderarlo para reuniones próximas, pero le recordó que los tres miembros de la mesa, incluido el PSOE, habían aceptado inicialmente cambiar el reglamento. Todo "en aras al correcto funcionamiento de la comisión, para agilizar los temas, puesto que quedaron muchos pendientes la pasada legislatura, y por estimarlo conveniente", tal y como recoge en una nota el portavoz de CHA, Joaquín Palacín.
De esta manera, por medio de este acuerdo político, las futuras comparecencias de colectivos y ciudadanos se encontrarán con la imposibilidad de debatir.
