Un hombre de origen senegalés se enfrenta a partir de hoy ante un jurado popular a una petición fiscal de 25 años de prisión como presunto responsable del asesinato de su excompañera sentimental, de su misma nacionalidad, a la que asestó 84 cuchilladas ante dos hijos menores de ambos en la vivienda de la víctima en Monzón (Huesca).

En su escrito de acusación, la fiscalía relata que procesado se personó sobre las 13.00 horas del 25 noviembre en la vivienda de la mujer para devolver a los dos hijos menores, con los que había pasado unos días en su domicilio en la localidad próxima de Binéfar.

Durante la entrega de los menores, el agresor y su víctima iniciaron una discusión con motivo de una sandalia que el acusado quería llevarse y en el transcurso de la cual, la mujer manifestó que "estaba enferma y se iba a morir".

Según el ministerio público, el procesado se dirigió en ese momento a la cocina, cogió un cuchillo de 17 centímetros de hoja y le clavó el arma a la mujer en repetidas ocasiones, en presencia de los dos hijos menores.

El relato de la acusación pública señala que la mujer, aún sin oponer resistencia, trató infructuosamente de huir, antes de caer boca arriba en el suelo, donde el procesado siguió apuñalándola hasta un total de 84 veces, muchas de ellas en órganos vitales.

La hija menor de la pareja salió a la calle para pedir auxilio para su madre, en cuyo cuerpo el forense no halló heridas propias de una actitud defensiva.

El asesinato de la mujer, que tenía 42 años en el momento de la agresión, seis menos que su expareja, provocó una gran conmoción en Monzón, donde se había asentado hace diez años con un trabajo como miembro de las brigadas forestales.

Los agentes de policía local desplazados en ese momento al domicilio hallaron a la mujer tendida en el suelo junto al cuchillo y procedieron a detener al agresor, quien, subraya en su escrito el fiscal, "reconoció, con actitud despectiva, haber matado a su mujer".

El ministerio público califica los hechos como un presunto delito de asesinato con las agravantes de parentesco y de género, y solicita para el acusado 25 años de prisión así como indemnizaciones para los cuatro hijos de la mujer por un importe total de medio millón de euros.

Además reclama imponer al acusado 10 años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena, así como una prohibición para ver o comunicar con sus hijos, los dos menores, por un tiempo de 35 años.