La fiscala y la abogada del Estado pidieron ayer que se condene a tres años de cárcel a Sergio Castro Lahuerta y a Sergio O. S. por estafar 800.000 euros, presuntamente, al Ministerio de Industria en el 2011 tras recibir una subvención para montar en Ejea de los Caballeros una empresa de tecnología de energía renovable. Esta fábrica, dedicada a calderería, hubiera dado empleo a 45 personas, pero nunca vio la luz y no pasó de ser un proyecto con un presupuesto de seis millones.

El juicio tuvo lugar ayer en la Audiencia de Zaragoza, donde Sergio Castro, máximo responsable de las sociedades Daphodes y Uxue, aseguró que el plan no salió adelante por causas ajenas a su voluntad, cuando el Gobierno central, en enero del 2012, aprobó un real decreto ley por el que se suspendían las ayudas a las industrias de energías renovables.

Castro cumple una condena de tres años que le impuso la Audiencia de Vizcaya por no cumplir un contrato con Bilbao Basket por el que se había comprometido a patrocinar al club durante el año 2016 con una cantidad de 6,9 millones de los que no llegó a abonar ni un euro. Sergio O. S., juzgado en el mismo caso, fue absuelto.

Según la acusación, los 800.000 euros de la subvención no fueron a montar la calderería, sino a la compra de acciones, al pago de una asesoría y nóminas y a devolver un préstamo, así como a gastos suntuarios de Castro.

Sergio O. S., que era apoderado y consejero en el organigrama empresarial, indicó que a él se le encargó presentar la petición de subvención y subrayó que él «no tenía poder de decisión». Afirmó que él y su madre pusieron más de 60.000 euros de su dinero en el proyecto.

Responsables de Delitos Económicos señalaron que «el dinero se malgastaba» y que, en una ocasión, Castro pagó 1.000 euros por un canelón y una botella de vino en un restaurante.

Teresa Ladrero, alcaldesa de Ejea, aseguró por videoconferencia que se pagaron fianzas por las parcelas donde debía levantarse la instalación, pero que, al no abonarse el importe de las mismas, estas ya no fueron enajenadas. Juan Bautista Fernández, un perito de la defensa (que pidió la absolución de ambos acusados), manifestó que el proyecto de Castro «era viable desde el punto de vista técnico y económico».