El ministerio fiscal ha mantenido hoy en el Juzgado de lo Penal de Huesca su petición de tres años de prisión para un policía de la capital altoaragonesa como presunto responsable de los abusos sexuales sufridos por una mujer maltratada de cuya tutela se encargaba.
Ha reclamado, además, un indemnización de 5.000 euros para la mujer por los daños morales sufridos, de cuyo pago ha hecho responsable civil subsidiario al Estado dada la condición de funcionario público del acusado.
El fiscal ha considerado "probado" que entre los meses de septiembre de 2009 y mayo de 2010, el policía sometió a la mujer, inmigrante subsahariana, a abusos sexuales continuos y a numerosas llamadas telefónicas con el fin de conseguir mantener relaciones sexuales.
Las tesis de la acusación pública han sido rebatidas por la representante de la defensa y de la abogacía del Estado, para quienes el relato de la denunciante, que ha declarado mediante videoconferencia desde la población española en la que vive actualmente, era "contradictorio" y "falto de veracidad".
Así, mientras para el fiscal el acusado trató hasta en tres ocasiones de someter a tocamientos y a acoso sexual a su víctima, para la defensa estos incidentes no llegaron a producirse ni tuvieron efecto emocional alguno sobre la mujer.
El ministerio público ha admitido la existencia de "divergencias" y de "contradicciones" en el testimonio hecho por la mujer, que ha achacado a los casi cinco años transcurridos desde la interposición de la denuncia, pero ha señalado que en lo "sustancial" no se habían producido modificaciones.
Por su parte, la defensa ha cuestionado el hecho de que la mujer no recordara ni pudiera emplazar en un contexto temporal preciso los supuestos abusos sufridos, así como el que tardara ocho meses en denunciarlos.
El fiscal se ha apoyado en el testimonio de la psicóloga que atendía a la denunciante y a otras mujeres en la casa de acogida municipal donde residía junto a su hijo en esas fechas, para quien las continuas llamadas del policía a la inmigrante "no eran justificables".
En respuesta a esto, la defensa ha subrayado que el celo profesional del acusado le llevaba a llamar a todas las mujeres en reiteradas ocasiones, hasta que conseguía hablar con todas, según el protocolo establecido para el control y seguimiento de las víctimas.
La defensora, para quien el testimonio de la supuesta víctima "deja mucho que desear", ha añadido que si el acusado llamó a lo largo de un mes hasta en 18 ocasiones fue porque sólo una de las veces le contestó.
Ha destacado, además, que durante la instrucción de la denuncia no se acreditó, mediante un informe forense, que la mujer estuviera afectada psicológicamente por lo ocurrido, ni se obtuvieron testimonios de testigos sobre los supuestos abusos a pesar de que supuestamente se produjeron en espacios públicos.
La letrado se ha apoyado en un informe pericial psiquiátrico que argumenta que el acusado es una persona "perfeccionista" y "muy seguidora de las normas" y que descarta que su personalidad responda al de un acosador.
En sus propias declaraciones, el acusado ha admitido la posibilidad de haber "sobrepasado los límites" en cuanto su actuación profesional respecto a la víctima, pero ha insistido en que su objetivo era realizar labores de seguimiento y control.
