El debate sobre los límites de la libertad de expresión en internet ha estallado en las últimas semanas con los insultos y amenazas a políticos, particularmente tras el asesinato de la presidenta de la Diputación Provincial de León, Isabel Carrasco. Desde la Judicatura se viene insistiendo en que el derecho al honor está ya protegido por la actual legislación, y funciona de la misma manera si los insultos o vejaciones se realizan en el mundo real o en el mundo real.

Y buena prueba de ello es el juicio que tendrá lugar la semana próxima en el Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza, en el que dos presuntos difamadores que actuaron amparados por el teórico anonimato de internet se enfrentan a penas de hasta cuatro años de prisión por calumnias (atribuir a alguien un delito que no ha cometido) y una fuerte multa por injurias. Ambos, A. C. R. P. y J. A. F. B., se sentarán en el banquillo defendidos por las penalistas Cristina Ruiz-Galbe y Olga Oseira.

Los hechos, según fueron planteados en la denuncia, se remontan al 2009, cuando a través de algunos amigos comunes los denunciantes, un procurador y una doctora, tuvieron conocimiento de que en diversos portales se estaban vertiendo graves insultos contra ellos.

ATAQUES Investigando en la red, ambos descubrieron una gran variedad de ataques, algunos relacionados con un proceso judicial del que habían salido absueltos. Según figuraba en la denuncia, a modo de ejemplo, los ahora acusados les llamaban --en este caso al procurador-- "cabrón, hijo de puta, jilipollas" (sic) o "maltratador". Le acusaban asimismo de agresor sexual, estafador, chantajista, nazi xenófobo", le imputaban una condena por maltrato y pedían su expulsión del Colegio de Procuradores.

Los propios encartados reconocieron ante la Guardia Civil, tras las pesquisas del equipo de investigación tecnológica, que eran los autores de los mensajes. En el caso del acusado, había utilizado al parecer el ordenador de otra persona, cuya implicación fue descartada.

Los denunciantes piden para cada uno de los acusados cuatro años de cárcel por dos delitos de calumnias y una multa de 3.360 euros. Además de una indemnización que dejan a criterio de la jueza, en este caso, habida cuenta del perjuicio que han podido causar estas graves acusaciones a sus clientes.

Ambos se enfrentarán pues a una solicitud de condena que podría llevarles a prisión, dando así la razón a los que argumentan que los insultos en la red ya están suficientemente penados en el ordenamiento jurídico actual, sean o no a políticos.