Un grupo de vecinos de Borja pidió ayer ocho años de cárcel para dos promotores inmobiliarios, Carlos Ramón M. B. y Alfredo G. C., que consideran que les estafaron en la construcción de unas viviendas, que finalmente sí pudieron ocupar, al menos en algunos casos. La Fiscalía, como el letrado de la defensa, Sergio Pérez, sostiene que no hay pruebas de que hubiese un retraso malicioso, sino que tropezaron con un problema en el tendido de la toma eléctrica, que tuvo que pasar por un terreno particular, lo que retrasó la obra e impidió el pago, al llegar la crisis inmobiliaria. Por ello, el ministerio público no acusó.
