La Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos en Aragón (UPTA) reclamó ayer la anulación de los más de 1.500 recibos del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de 2003 emitidos por el Ayuntamiento de Zaragoza. La organización se apoya en dos sentencias judiciales que coinciden en la irregularidad de estos cobros.
César García, dirigente de la UPTA, explicó en una rueda de prensa que el Gobierno central aprobó en 2002 una reforma de la Ley de Haciendas Locales que suprimió este impuesto para todas las empresas que facturasen menos de un millón de euros al año.
Sin embargo, una disposición adicional precisaba que sólo quedarían exentas del pago las empresas que iniciaron su actividad tras la entrada en vigor de la ley, el 1 de enero de 2003, "por lo que los negocios que abrieron en 2002 debían abonar el IAE" por una "laguna legal" en la reforma de la ley, y "de nuevo comenzaron a llegar recibos", señaló García.
El secretario general de UPTA, Alvaro Bajén, recordó que, en febrero de 2004, "el ayuntamiento dijo que había que girar los recibos de IAE referentes al 2003 sobre todas las empresas autónomas dadas de alta en 2002", porque "consideran que no saben cuál va a ser la facturación por un año completo y no podían determinar si facturaban menos de un millón de euros".
SENTENCIAS Frente a esta postura, UPTA defiende la completa exención del pago del tributo a estas empresas y, por ello, ha planteado este año una serie de recursos contencioso-administrativos. "Dos sentencias del 30 de junio y 21 de septiembre, respectivamente, coinciden en que los recibos deben de anularse y que el ayuntamiento tiene que estudiar y revisar caso por caso si las facturación de la empresa superó o no el millón de euros", añadió Bajén.
El dirigente de los autónomos manifestó su preocupación porque el ayuntamiento de Zaragoza ya ha comenzado a emitir los recibos del IAE del 2004, cuyo plazo de pago finaliza el próximo mes de noviembre.
En opinión de Bajén, las dos sentencias citadas deben de hacer reflexionar al ayuntamiento, que tendrá que tomar una postura definida sobre este asunto. "Vamos a pedir una reunión con el responsable municipal para reiterar la exención en el pago de un impuesto inconstitucional, que no grava la rentabilidad de las empresas, sino el mero deseo de ejercer una actividad", agregó.
