La Comisión Institucional de las Cortes ha pedido esta mañana a la DGA que destine 35.000 euros del incremento previsto en los presupuestos de este año en la partida de subvenciones a los colegios profesionales a financiar el servicio de orientación y atención jurídica penitenciaria.

Los diputados de la Comisión Institucional han aprobado una proposición no de ley del PP en este sentido que ha contado con los apoyos de Podemos, PAR, y Ciudadanos y que han rechazado PSOE y Grupo Mixto.

El popular Fernando Ledesma ha defendido el texto, que asimismo "reconoce la labor que desempeñan estos abogados desde hace más de 20 años orientando, informando y asesorando a los internos" de las cárceles de la comunidad, "un servicio que se presta por caridad".

A su juicio, es "una vergüenza" que un Estado permita esto, pues de él se benefician más de 8.000 reclusos.

Ha agregado que en el pasado "sí que hubo una administración que se sensibilizó por este asunto, financiándolo con un importe adecuado".

El socialista Darío Villagrasa ha puesto de manifiesto lo "complejo" de un debate "eminentemente jurídico, de arquitectura institucional y sobre todo competencial".

"Estando de acuerdo en el fondo, nos preocupa el aspecto competencial, pues ésta es exclusiva del Ministerio del Interior, de forma que la DGA no puede ni regular ni legislar sobre este servicio, que no entra dentro del concepto de justicia gratuita", ha asegurado Villagrasa.

Desde Podemos, Carlos Gamarra ha apoyado la iniciativa por la "conveniencia" de que el ejecutivo autonómico "vaya adelantando mecanismos de pago para este servicio", aunque ha mostrado su "sorpresa" por que el PP se quiera hacer ahora "valedor" de la justicia gratuita cuando fue su Gobierno central el que emprendió políticas privatizadoras y de pago que a través de tasas intentaban impedir el igual acceso a la misma.

María Herrero (PAR) ha afirmado que el hecho de que el servicio de orientación y atención jurídica penitenciaria no esté remunerado "no tiene ningún sentido ni justificación", aunque ha reconocido la transferencia de las competencias de Justicia se hizo "con deficiencias".

Por Ciudadanos, Ramiro Domínguez ha expuesto que esta situación "sangrante" debe acabar con la aprobación de la ley de garantía jurídica universal para que exista una verdadera defensa de los ciudadanos más desfavorecidos.

Por parte del Grupo Mixto, Gregorio Briz (CHA) ha apuntado que le parece "razonable" el reconocimiento a estos profesionales, pero ha señalado que se trata de "un problema de competencias, no de voluntad política".