La Comisión Institucional de las Cortes de Aragón ha aprobado hoy reclamar al Estado que garantice el acceso de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, mediante unos umbrales de renta para optar a la justicia gratuita adecuados a la actual coyuntura socioeconómica, incluidos los recursos de casación y amparo.

Así se contiene en una proposición no de ley, defendida hoy por el Grupo del PAR, en la que se insta al Ejecutivo aragonés a que se dirija a la Administración General del Estado en este sentido, indican fuentes parlamentarias.

También se solicita que en los Presupuestos Generales del Estado se incluya la financiación suficiente para la prestación de la asistencia jurídica gratuita y que se busque "el máximo consenso" en la nueva fórmula de vinculación territorial del abogado con el Servicio Público de Asistencia Jurídica Gratuita, con el fin de garantizar la calidad e inmediatez en la asistencia de los solicitantes del turno de oficio.

El portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha calificado de "mala actualización" el proyecto de ley que modifica la ley de asistencia gratuita y ha señalado que éste "tiene en contra a muchos agentes, incluido el Consejo General de la Abogacía".

A su juicio, afecta en muchos de sus apartados a personas con pocos recursos y que tienen el derecho a la tutela judicial efectiva, "que en estos tiempos de crisis es más importante que nunca".

Para el portavoz del PAR, "no hay mayor desigualdad que la desigualdad ante la justicia"

El diputado del PP Fernando González ha dicho, no obstante, que con la nueva ley "se suben los umbrales" de renta, lo que permite que más gente se beneficie de este servicio público y garantiza la asistencia jurídica gratuita.

Sin embargo, el socialista Carlos Tomás ha estimado que el Ministerio de Justicia "está atentando contra los derechos y libertades públicas de los ciudadanos", y lo hace volviendo a poner a la crisis "como excusa", cuando "ninguna crisis puede suponer un menoscabo de los derechos fundamentales de los ciudadanos", al tiempo que ha denunciado que la ley supone también "una invasión de competencias autonómicas".

El representante de CHA, José Luis Soro, ha defendido la abstención de su grupo ante la iniciativa porque "la única posibilidad frente a este proyecto de ley es que se retire", toda vez que "vulnera derechos y supone un retroceso".

También se ha abstenido IU, cuya portavoz, Patricia Luquin, ha apuntado que el proyecto de ley no garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la Justicia y ha señalado que promulga "cambios unilaterales que quiebran un servicio público esencial como es el de la justicia gratuita, lo que sumado a las tasas judiciales dificulta, aún más, el acceso de la ciudadanía a la justicia".