El estado de alarma por el coronavirus ha trastocado la agenda judicial, salvo en los asuntos de urgencia. Es el caso de Rodrigo Lanza cuya vista ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para dilucidar el recurso de apelación estaba señalada, desde hace meses, para ayer. No podía retrasarse, especialmente, porque en su caso los días del calendario corren y el 9 de junio podría salir de prisión. Ese día cumple la mitad de la pena de 5 años que se le impuso por la agresión mortal a Víctor Laínez, siendo una ilegalidad mantenerlo en la cárcel de manera provisional.
Ante estas circunstancias los magistrados del TSJA celebraron la vista, aunque salvando las distancias que marcan las autoridades sanitarias, con guantes de látex, mascarillas y el acusado, Rodrigo Lanza. estuvo presente mediante videoconferencia desde el centro penitenciario de Zuera para evitar contagios y que el virus entre en la cárcel. También se hizo sin público.
Durante el acto judicial, el fiscal Carlos Sancho; el abogado de la familia de la víctima, Juan Carlos Macarrón, y el que ejerce la acción popular en nombre de Vox, el diputado autonómico por esta formación David Arranz, solicitaron que se repitiera el juicio por no estar de acuerdo con el delito por el que se condenó: lesiones graves en concurso con homicidio imprudente. «¿Si Lanza no quiso matar, por qué huyó tras el primer golpe?, se preguntó Macarrón, quien añadió que le continuó propinando patadas con tal ensañamiento que le rompió todos los huesos de la cara a excepción de uno.
Todos incidieron en que el veredicto realizado por el jurado popular estaba falto de motivación y que había entrado en contradicciones en varias de las argumentaciones. Por tanto, entendieron que el juicio debería se decretado nulo.
El abogado de la familia de la víctima señaló que no puede asumirse como coherente, como hizo el jurado, que quien así agrede solo tenga intención de lesionar, algo que incluso refirió el propietario del bar donde sucedieron los hechos, quien, según la sentencia, le pidió a Lanza que parara porque «iba a matar» a la víctima.
Otra de las contradicciones que aprecia este letrado, según informa Efe (medio público elegido por el tribunal para informar puesto que se celebró a puerta cerrada), es que se considerase el estado de arrebato de Lanza como atenuante, después de que escuchara a un amigo gritar: «Cuidado, Rodri, que lleva (Víctor Laínez) una navaja». Arma que nunca fue hallada en el bar El Tocadiscos el día de la agresión mortal, el 8 de diciembre del 2017.
El representante de la Fiscalía, Carlos Sancho, por su parte, hizo hincapié en que el jurado no dio ninguna explicación de por qué no tuvo en cuenta la declaración de los forenses y los médicos, quienes declararon que era imposible que una persona como Lanza, de 1,80 metros de altura y 80 kilos, pudiera derribar de un golpe, sin usar ningún objeto para ello, a Lainez, de gran corpulencia con 1,85 metros de altura y 120 kilos, aparte de que no se encontraron en las manos del acusado lesiones compatibles con ese golpe, que necesariamente hubo de ser muy fuerte.
Este argumento lo compartió Macarrón, quien también alegó que la prueba pericial forense durante el juicio se celebrara a puerta cerrada, creando la sensación en el jurado de que tenía menos relevancia que el resto de pruebas o testimonios. En línea parecida, Arranz aseveró que la inexistencia de motivación de sus decisiones debe provocar la nulidad del veredicto.
Por su parte, Endika Zulueta, abogado de Lanza, pidió que se revoque la agravante de actuación por motivos ideológicos porque «nadie escuchó que Lanza llamara a Laínez fascista».
Tampoco, añadió, debe considerarse la estética de Lanza para determinar su ideología. Zulueta recordó que para aplicar esta agravante se exige que en la sentencia quede acreditado como hecho probado la ideología de la víctima, y eso no sucede en este caso.
Y sobre la alevosía, que sí que se consideró en el veredicto y que Zulueta pide que se retire, afirmó que no está acreditado como hecho probado que Lanza supiera que Lainez estaba inconsciente cuando le propinó las patadas, y que la duda, en cualquier caso, siempre debe favorecer al reo.
Zulueta lamentó que con esta vista la Fiscalía y las acusaciones pretendan que los magistrados del TSJA "vuelvan a valorar las pruebas" que ya se analizaron en el juicio en la Audiencia Provincial, y ha dicho que sus consideraciones de que el jurado no está bien motivado son "un subterfugio" porque no están de acuerdo con la sentencia.
