La Fiscalía de Madrid solicita penas de cárcel y/o de inhabilitación para dos exdirectores generales de Medio Ambiente, para el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) Tomás Sancho y para dos ingenieros de la CHE por la tramitación de las obras del recrecimiento del embalse de Yesa. El ministerio público les imputa delitos de riesgo de catástrofe, prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, por lo que tendrán que sentarse en el banquillo. El Juzgado de Instrucción 19 de Madrid ya ha abierto juicio oral y sólo falta fijar fecha.
La jueza Mercedes Gutiérrez tramita la querella criminal interpuesta por el Ayuntamiento de Artieda contra Carlos Escartín, exdirector general de Obras Hidráulicas; contra Dolores Carrillo, exdirectora general de Evaluación e Impacto Ambiental, y contra Carlos Vázquez, exsecretario general de Medio Ambiente. A la lista de acusados se suman también Tomás Sancho y los ingenieros de la CHE José Luis Uceda y Angel Sánchez.
El fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, también aludió en julio del 2002 a posibles irregularidades del exsecretario de Estado de Aguas y de Infraestructuras, Benigno Blanco, y del también exnúmero dos del Ministerio de Medio Ambiente Pascual Fernández.
Valerio pide doce años de inhabilitación y 20 meses de cárcel para Escartín, Sancho, Uceda y Núñez, una pena que rebaja a ocho años de inhabilitación en el caso de Dolores Carrillo, informó El País .
"INTERESES PRIVADOS" El ministerio fiscal considera que los cuatros primeros acusados decidieron aumentar hasta 521 metros la cota de Yesa "por intereses privados", vulnerando los trámites legales y poniendo en riesgo de catástrofe por inundaciones a las poblaciones cercanas al embalse. En su escrito, Emilio Valerio acusa a Uceda y Núñez de ocultar un informe oficial que advertía del "grave problema de seguridad estructural y de los riesgos sísmicos y geológicos". También responsabiliza a Escartín y a Sancho de presionar a Carrillo para aprobar el proyecto de obras, que carecía del preceptivo informe de impacto ambiental.
El ministerio público también pone en tela de juicio que la consultora B. S. Ingeniería (empresa de la que Sanchio fue accionista hasta 1996, cuando presidió la CHE) obtuviera contratos vinculados con la CHE y con la presa de Yesa por una valor medio anual de 600.000 anuales durante los cinco años investigados --del 97 al 2001--.
A Escartín se le reprocha que aprobara los criterios técnicos del concurso, elaborados por Uceda y Núñez a través de Euroestudios. Según Emilio Valerio, las bases permitían al exdirector general de Obras Públicas elegir la empreda que "desease". Además, le acusa de manipular un informe técnico para adjudicar la obra a una UTE encabezada por ACS frente a su rival OHL, que lo denunció a la entonces ministra, Isabel Tocino.
DEFENSA El expresidente de la CHE ya declaró en junio del 2003 ante el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid que no tuvo "ni competencias ni intervención" en la tramitación del recrecimiento de Yesa. Alegó que la cota y el volumen del pantano estaban fijados con anterioridad a su intervención, por lo que su labor se circunscribió a desarrollar un acuerdo político al que se debía "como profesional".
