El director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz, ha pedido hoy para el donante vivo una protección social y laboral similar a la de una mujer durante el embarazo y postparto y evitar así que éste pueda ser despedido durante el proceso de donación.
Matesanz ha pedido esta "modificación legal" durante su intervención en la XIV Reunión Nacional de Coordinadores de Trasplante y Profesionales de la Comunicación, en la que ha sido su última comparecencia pública antes de abandonar la ONT.
El director de la ONT ha señalado que no se trata de un tema de la competencia del Ministerio de Sanidad sino de Empleo y Seguridad Social y lo ha justificado en el hecho de que una persona viva que dona un riñón o un fragmento del hígado "libera órganos de la lista de espera".
Según Matesanz, "numericamente es una cifra muy baja" porque afectaría a unos 400 donantes de riñón al año y unos 30-40 de hígado, "pero conceptualmente tendría un gran interés".
Durante el tiempo que dura el proceso, estos donantes tienen que perder "muchos días de trabajo" por las pruebas médicas y el postoperatorio, cuando "no son enfermos", por lo que dependiendo del régimen laboral "puede suponer que tengan todo tipo de problemas".
Según datos de la Asociación Española de Ayuda a Niños con Enfermedades Hepáticas y Trasplantados Hepáticos, más de la mitad de los donantes vivos tienen problemas laborales serios y un 10 % pierden su trabajo.
Matesanz ha confiado en que el Gobierno lleve a cabo esta modificación legal y ha considerado que la desprotección que ahora tienen estos donantes ha podido ser la causa de que hayan bajado este tipo de donaciones.
De hecho, el donante renal vivo alcanzó su cifra récord en 2014 con 423 donaciones, pero en los dos años siguientes ha caído, ha señalado Matesanz, quien ha incidido en que la protección social "puede ayudar" a incrementar esos datos.
