Un empresario, A. F. , se ha enfrentado esta mañana a entre dos y tres años de cárcel en la Audiencia de Zaragoza por una supuesta estafa cometida en unas obras de construcción en Francia y en la que el perjudicado fue, según las acusaciones, su socio en Zaragoza. La sociedad se refundó en el 2016 con el fin de ejercer su actividad en España y Francia.

Según la fiscala y el acusador particular, Pedro Jiménez, A. F. estafó entre 51.000 y 68.000 euros al no ingresar en las cuentas de la sociedad, Refiser Obras y Servicios, el importe de una serie de trabajos de construcción, en particular la reforma llevada a cabo en unas bodegas de vino de la zona de Burdeos.

El abogado defensor del imputado, Carlos Rubio Mazas, ha pedido la absolución de su cliente argumentando que fue él quien compró la empresa y puso el dinero para adquirir el material y pagar a los albañiles. "Además, el denunciante tenía al margen otra sociedad paralela en Zaragoza hacia la que derivaba la actividad y se desentendía de Refiser", ha señalado.

En principio, la sociedad debía dedicarse a la construcción de unos pisos en Burdeos, pero ese proyecto no salió adelante y, en su lugar, se ejecutaron distintas obras de menor envergadura. En el caso de los trabajos en la bodega, situada en la localidad de Pomerol, los propietarios de la explotación vinícola calificaron la obra de "chapuza".

La fiscala, que califica los hechos de delito continuado de estafa, ha indicado que el acusado "no liquidó al otro socio", el que se hallaba en Zaragoza, los ingresos obtenidos en Francia. Sin embargo, A. F. se ha defendido diciendo que él tuvo que correr a cargo de "todos los gastos" y que transfirió 35.000 euros a España tras cobrar 91.000 euros por la obra en la bodega. Asimismo, ha asegurado que tuvo que hacer frente a cuantiosas pérdidas, "entre 50.000 y 60.000 euros".

El perjudicado, que era administrador de Refiser, ha dicho que la sociedad estuvo activa de enero a agosto del 2016 y que realizó "nueve trabajos", que puso dinero que nunca recuperó y que tampoco recibió facturas por los gastos producidos en Francia.

Tanto el ministerio público como la acusación particular han solicitado asimismo sendas multas de 1.920 euros.