Quienes tuviesen sus esperanzas puestas en que la pieza de investigación sobre Igor el Ruso que aún permanece secreta delatase a algún posible cómplice, pueden prepararse para la decepción. La jueza instructora del caso de los asesinatos, Sara Cristina García, apunta en un auto notificado a las partes ayer que en todo lo instruido sigue sin haber «ningún tipo de indicio objetivo, ni siquiera una mínima sospecha» de que alguien ayudase a Norbert Feher, al menos en lo que a los crímenes y robos que investiga se refiere.
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcañiz se reafirma en este extremo en el auto, notificado a las partes ayer. La magistrada denegó la petición de algunas acusaciones de pedir a Italia, a través e una comisión rogatoria, información sobre las andanzas criminales de Igor el Ruso en el país transalpino. Entendían, incluída la Fiscalía que los apoyó, que la información podría ser relevante para investigar a posibles compinches, así como las armas empleadas en Teruel o incluso su patrimonio, de cara a las futuras indemnizaciones.
La jueza vuelve a rechazar la petición al desestimar íntegramente todos estos recursos contra su decisión. Y al hacerlo, incide especialmente en el tema de las complicidades, subrayando que si hubiese el más mínimo indicio de complicidades, en primer lugar no habría levantado el secreto de las actuaciones.
Una de las acusaciones -la que representa a la viuda de uno de los guardias civiles asesinados, a cargo del letrado Jorge Piedrafita- apuntó en su adhesión al recurso que antes de pedir este tipo de pruebas, convendría saber si en la pieza secreta (la tecnológica, teóricamente sobre el análisis del teléfono móvil y la tablet que llevaba encima) se estaba ya abordando esta investigación. La jueza no lo niega textualmente, entre otras cosas porque la pieza sigue secreta, pero sí incide justo tras mencionar este recurso en que «resulta evidente que esta instructora no habría afirmado la inexistencia de indicios» si los hubiera. Y ella sí que conoce las pesquisas al completo.
Además, la magistrada entiende que la comisión rogatoria no solo no aportaría información relevante a lo que ella investiga, sino que podría resultar incluso «perjudicial» para Italia, al aportar información sobre sus investigaciones cuando allí continúan siendo secretas.
En cuanto a los datos de las armas, recuerda que estos ya figuran en varios informes (el último, de hecho, notificado también ayer a las partes), y aún deberían llegar más. Y la averiguación del patrimonio u otras cuestiones que haya que requerir a Italia, recuerda, se pueden solicitar más adelante.
La decisión puede ser recurrida, y probablemente acabará en manos de la Audiencia Provincial de Teruel.
