El convenio aragonés, que complementa las medidas adoptadas por el Gobierno central, contempla requisitos similares a estas, como que la unidad familiar no tenga ingresos salvo prestaciones sociales --o no superen dos veces el IPREM-- o que tenga menores o discapacitados a su cargo. Sin embargo, son los Servicios Sociales de la DGA quienes deben valorar que, en efecto, las familias solicitantes cumplen el perfil para acogerse a la ayuda. Y ni siquiera esto implica que el juzgado deba aplicar automáticamene la suspensión. Esto pudo verse en el desalojo programado hace un mes en el Camino de los Molinos de Zaragoza --cuya imagen ilustra esta página--, en el que la magistrada no paralizó la actuación hasta prácticamente la hora límite para ejecutar el lanzamiento, por impago de alquiler a una inmobiliaria. La familia de Mercedes, la afectada, ha sido realojada con alquiler social pero por la parroquia del barrio, ya que tenía deudas con la Administración, por un negocio fallido, que la impedían beneficiarse de la ayuda.
