Averly ha sido indultada nuevamente y la piqueta se mantendrá, por el momento, alejada de estas instalaciones. La Fiscalía General del Estado ha remitido un oficio al Ayuntamiento de Zaragoza en el que le pide que le remita el expediente administrativo incoado como consecuencia de la solicitud de licencia de derribo.

Asimismo, también le reclama "que se remita copia de los expedientes que se hubiesen incoado relacionados con la inclusión de la factoría Averly en el Catálogo de Edificios de Interés del Plan General de Ordenación Urbana". Así que in extremis se vuelve a retrasar lo que parecía inevitable.

Ante esta novedad judicial --el fax se recibió el pasado miércoles por la tarde y llegó al servicio de Urbanismo ayer por la mañana--, todos los grupos acordaron sacar del orden del día de la Gerencia de Urbanismo la aprobación de la licencia para el derribo parcial de la antigua factoría. Como "medida precautoria", indicó el teniente de alcalde de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón, ante un expediente "delicado".

"Tras recibir el fax con la notificación de Fiscalía General del Estado pidiendo información hemos decidido paralizarlo", sostuvo. A su juicio, continuar con la aprobación de la licencia de derribo, dado que "hubiera generado una situación irreversible". Y eso que, consideró Anadón, las dudas jurídicas que plantea la Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) tienen "poco fundamento".

SATISFACCIÓN Por su parte, el portavoz de Apudepa, Carlos Bitrián, mostró ayer la "satisfacción" del colectivo por la decisión de la Fiscalía y de que "por fin" un órgano judicial haya decidido tomar cartas en el asunto. Además, emplazó a los políticos a buscar una solución ante la "cada vez mayor" movilización social en la defensa de la factoría Averly.

Básicamente, Apudepa asegura que el proyecto del Plan Especial presentado por Averly "incumple sistemáticamente el Plan General de Ordenación Urbana" al permitir más alturas; que permite el derribo sin asegurar la edificación posterior; y, además, alega la "ilegalidad" del cierre del expediente de protección cultural.

En su día, la Dirección General de Patrimonio declaró Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés el 32% de las instalaciones de Averly, unos 2.880 metros cuadrados. Sin embargo, desde Apudepa habían peleado por lograr una catalogación como Bien de Interés Cultural (BIC) de todo el conjunto.

El Ayuntamiento de Zaragoza ya suspendió en febrero la concesión de la licencia de derribo y la tramitación del Plan Especial de Averly, planteado por la constructora Brial, tras auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que acordó la suspensión temporal de las obras, a petición de la Apudepa. Tras no presentar la fianza millonaria requerida, el TSJA levantó las medidas cautelares impuestas, por lo que el ayuntamiento volvió a poner en su agenda la licencia de derribo parcial.