La Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada ayer en Madrid aprobó el reparto de una partida económica derivada del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. De ella, Aragón recibirá 121.491 euros para el programa contra los abusos sexuales, un dinero que la DGA suma a los 245.151 euros que ya se obtuvieron para el programa de asistencia integral a víctimas de violencia de género. Asimismo, se aprobó una partida de 19.544 euros para el programa de asistencia de menores en Aragón.

Esta financiación por parte del Estado está dirigida al programa de prevención y sensibilización contra los abusos sexuales y la asistencia a menores hijos de víctimas de violencia de género.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno aragonés, María Victoria Broto, mostró su queja en la reunión por el «poco tiempo» que se deja a las comunidades para ejecutar estas partida, ya que debe hacerse durante este 2017 y al año apenas le quedan poco más de dos meses. No obstante, Broto señaló la importancia del tema e indicó que en Aragón «se trabajará lo más rápidamente posible».

La consejera, en una sectorial presidida por el secretario de Estado de Igualdad y Servicios Sociales, Mario Garcés, reclamó que se programen comisiones específicas que permitan desarrollar y organizar la implantación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un acuerdo que incluye medidas que deben aplicar las diferentes administraciones.

Así, la conferencia votó a favor la propuesta de la consejera Broto, quien insistió en que es necesario desarrollar el pacto para que las medidas puedan llegar «a toda la sociedad».

Por su parte, Garcés ya adelantó que se ha creado un grupo de trabajo para analizar la ejecución del pacto de Estado contra la violencia de género y se acordó una nueva Conferencia de Igualdad a finales de noviembre para hacer un primer balance.

Así, recordó que el Gobierno central dispone de dos meses de plazo para cerrar un acuerdo sobre cómo ejecutar las medidas con las administraciones autonómicas y locales y las entidades del tercer sector.