La directora general de Justicia e Interior, María Ángeles Júlvez, ha anunciado hoy que "no hay problema legal para aplicar de forma retroactiva", desde principios de año, el pago del plan de actuación de los juzgados de violencia contra la mujer, un asunto reivindicado por los sindicatos de justicia por el que llegaron a pedir su dimisión.
En declaraciones a los medios tras la presentación de la orden que regula los festejos taurinos populares, publicada hoy en el BOA, Júlvez ha indicado que se ha citado a los sindicatos de justicia en septiembre para conocer el expediente administrativo seguido en relación al pago del plan de actuación de los juzgados de violencia contra la mujer.
Los sindicatos no acudieron en julio a la mesa sectorial de negociación convocada por el Gobierno de Aragón por no haberse acreditado que se fuera a pagar este plan de actuación desde el 1 de enero.
La directora general ha insistido en que Función Pública ha informado de que "no hay problema legal para aplicarlo de forma retroactiva" desde principios de año.
El Gobierno de Aragón está pendiente de el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) emita el preceptivo informe al respecto, que deberá pasar después a Consejo de Gobierno como "trámite ordinario que se sigue todos los años".
La convocatoria de julio era para tratar la implantación del Minerva Digital, el sistema de gestión de los juzgados y tribunales que ya funciona en Barbastro (Huesca), y, según ha indicado Júlvez, los representantes sindicales no asistieron alegando que no tenían información sobre el plan de actuación de violencia de género.
Ha añadido que les ofreció previamente la posibilidad de celebrar una reunión para trasladarles información sobre dicho plan o bien la posibilidad de incorporarlo en el orden del día de la mesa sectorial en el apartado de ruegos y preguntas, y que declinaron ambas propuestas.
La directora general ha señalado que se les ofrecen hasta 190 euros mensuales al cuerpo de gestión administrativa y cuantías inferiores al resto de miembros del órgano judicial de la violencia de género por la carga de trabajo que tienen y que habrá que determinar si ese plus de trabajo es extraordinario, ya que en caso contrario entraría dentro de su salario.
Ha apuntado, además, que el hecho de que existan "discrepancias" con respecto al cobro de complementos por parte de unos funcionarios "no tendría que ser óbice" para que los representantes de los trabajadores, que pidieron el cese de Júlvez, continuaran representando al resto de empleados de la administración de justicia.
"Este conflicto afecta a 20 personas y en la administración de justicia aragonesa hay 1.300 funcionarios, de los que 1.200 estarán afectados por el Minerva Digital", el asunto que centraba la mesa sectorial a la que declinaron asistir los sindicatos para ser informados, ha concluido.
