La primera sesión con comparecientes de la comisión de investigación que analiza si hubo responsabilidades políticas en el proceso de saneamiento y depuración de las aguas en la comunidad apenas aportó luz sobre el objeto de la misma, aunque varios de los intervinientes señalaron que las pretensiones del Gobierno aragonés tal ver eran «demasiado ambiciosas». Si así lo indicaron fue porque en un principio se comenzó a depurar aquellos núcleos superiores a los 15.000 habitantes, y cuando la legislación marcó que había que depurar en núcleos de más de 2.000, la DGA optó por sanear las aguas de golpe en todos los superiores a 1.000. Mucho más allá de lo que marcaba la normativa europea y que hizo que Aragón se adelantara en varios años a las directrices de Bruselas. Según el exconsejero de Medio Ambiente, Víctor Longás, todo lo que se aprobó fue porque se estaba en condiciones de cumplirlo y aplicando más criterios técnicos que políticos. «Todo se hizo con rectitud e integridad», remarcó Longás, quien dejó su cargo en diciembre del 2002.

El primer bloque de comparecientes -nueve personas—correspondió a altos cargos del Gobierno autonómico y técnicos de la administración, así como miembros de la Confederación Hidrográfica del Ebro que tenían responsabilidades en los años previos al plan aragonés de saneamiento y depuración y la conversión de la Dirección General del agua en un Instituto Aragonés del Agua. Es decir, formaron directa o indirectamente parte del equipo de la primera legislatura del Gobierno PSOE-PAR (1999-2003) que puso en marcha todo el proceso. De este modo, la mayor parte de los intervinientes se mostraron prudentes a la hora de enjuiciar y mostrar sus opiniones acerca del plan, en parte porque dijeron que no formaba parte de sus atribuciones. A las preguntas de los diputados que integran la comisión (Marta de Santos de Podemos, Isabel García del PSOE, Patricia Luquin de IU, María Herrero del PAR, Jesús Sansó de Cs y Fernando Ledesma del PP) todos respondieron desde su atribución. La mayor parte restó importancia al hecho de que la dirección general se convirtiera en instituto, lo que le dotaba de personalidad jurídica propia y permitía, en principio, actuar con más diligencia en el proyecto. Asimismo, esta conversión era un compromiso del Gobierno de coalición, tal y como indicó en su discurso de investidura Marcelino Iglesias. No supieron aclarar si fue una exigencia del PAR o fue una iniciativa del propio PSOE. En estos momentos, el Gobierno de Aragón ha vuelto a suprimir el Instituto Aragonés del Agua. Los intervinientes ayer no opinaron acerca de la conveniencia de su supresión.

La sesión sirvió para conocer los antecedentes. La próxima, el próximo 9 de abril, se espera más sustanciosa, pues comparecerán políticos y técnicos que aplicaron al 100% este plan, cuestionado por la Cámara de Cuentas en un informe reciente.