El plan de poda urgente que aprobó el Gobierno PP-Cs al poco de llegar al Ayuntamiento de Zaragoza ha permitido reducir un 66% el número de avisos por riesgo de caída que acumulaba el área de Servicios Públicos. Inicialmente está previsto que los trabajos se prolonguen hasta finales de diciembre, para los que se destinarán 278.355 euros.

En Zaragoza, y según un informe que data del 2016, hay alrededor de 13.500 árboles que pertenecen a la categoría D (los que presentan peor estado) y que requieren atención inmediata por su condición de riesgo, de los cuales entre 900 y 1.300 están secos. Según explicó ayer la responsable de Servicios Públicos, Natalia Chueca, este plan de choque se aprobó ante el más que evidente mal estado del arbolado, aunque también influyó un requerimiento de Protección Civil en el que solicitaba al consistorio que tomase «medidas preventivas». Cuando se inició había 1.300 servicios de actuación urgente por atender, dos meses después todavía quedan 860.

Este plan no acaba de convencer a sus precedesores en el Gobierno municipal. Durante la comisión de Servicios Públicos, tanto Podemos como Zaragoza en Común (ZeC) acusaron a la concejala de diseñar este proyecto con el propósito de beneficiar a FCC, todavía al frente en la gestión del mantenimiento de las zonas verdes.

El concejal de ZeC Alberto Cubero sembró la duda sobre la intención de prorrogarlo mientras FCC siga siendo la contrata. Más directa se mostró Amparo Bella, de Podemos-Equo, que sin tapujos aseguró que se trataba de «una ofrenda» a esta empresa. Según la edila, los trabajos podrían posponerse al 2020, cuando Acciona le tome el testigo y acometa estas labores sin un coste añadido, ya que incluye un programa de gestión del arbolado.

Chueca insistió en que se tomó la decisión por una cuestión de seguridad y tras conocer el alto número de árboles con riesgo de caerse en cualquier momento.