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PLENO EN EL AYUNTAMIENTO

El plan de reducción de la deuda prospera sin ningún voto en contra

Rivarés augura que solo serán necesarios 8 millones del Estado para pagar sentencias. La abstención de PP y Cs minimiza sus críticas al retraso y a no votar el remanente

 

El alcalde Pedro Santisteve durante el pleno del Ayuntamiento de ayer. - JAIME GALINDO

D. L. G.
01/05/2019

El Ayuntamiento de Zaragoza solventó ayer uno de sus principales escollos pendientes antes del final de la legislatura para que, después de las elecciones, la próxima corporación no tenga que solucionar el lastre de computar los 189 millones de euros de la deuda del tranvía en su contabilidad como le obliga el Ministerio de Hacienda. Los votos de Zaragoza en Común (ZeC), PSOE y CHA estaban garantizados, pero mejoró la foto final con la abstención de la derecha, el PP y Ciudadanos (Cs), que no escatimaron críticas al Gobierno municipal.

La aprobación, en definitiva, trataba de destinar 21 de los 25 millones que tendrá el remanente de tesorería del 2018 a amortizar préstamos y así llegar a diciembre con el 109,9% de nivel de endeudamiento, dentro del límite legal del 110% de los ingresos reconocidos. Un plan b que ahora permitirá acogerse al Fondo de Impulso estatal en julio con el que pagar sentencias condenatorias firmes, pedir «hasta 27 millones», pero «solo harán falta 8», aseguró el responsable de las finanzas, Fernando Rivarés. Este añadió que esos 19 millones restantes son margen suficiente para pensar en acometer inversiones con el presupuesto, cuando se apruebe, e incluso despejar la incertidumbre de si una bajada de ingresos les lleva otra vez por encima del límite legal, ya que se podría terminar el año «con el 106%» en el mejor escenario.

María Navarro, del PP, justificó su abstención alegando que llega tarde –lleva meses pidiéndolo–, y que no está de acuerdo «con los datos de los ingresos previstos» ni con «cómo se ha hecho», obviando una plusvalía que reducirá la recaudación y sentencias pendientes que «superan los 210 millones». Sara Fernández, de Cs, auguró directamente que «no se va a cumplir» y manifestó su desconfianza en Rivarés, que «primero acusa de agoreros y decía que no hacía falta y ahora lo trae y lo votan todos a favor».

El socialista Javier Trívez remarcó que dedicar el remanente a amortizar deuda «iba a ser obligatorio» y que, en la situación actual, a la hora de presentar la liquidación del 2018, Zaragoza «tendría que elaborar otro plan económico financiero», es decir, vuelta a la tutela de la DGA. Carmelo Asensio, de CHA, se centró en el «sobrevenido e injusto» cómputo de la deuda del tranvía y en que se tiene que alcanzar «el sacrosanto nivel de endeudamiento» para que Hacienda levante el veto. Aunque todos incidieron en pelear que se revoque y hacerlo en los tribunales, algo que ZeC prometió de nuevo.