La planta de biomasa que el grupo Forestalia planea construir en Monzón se halla en suspenso desde hace algún tiempo a la espera de que se resuelvan distintas cuestiones judiciales y administrativas, entre ellas la solicitud de un estudio de impacto ambiental de las 7.00 hectáreas de chopos y caña común que serán su combustible.

Así lo manifestó ayer en la Comisión de Desarrollo el director general del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), Jesús Lobato, que compareció a petición de los grupos de Podemos y Mixto. Subrayó que la instalación recibió el visto bueno del Ayuntamiento de Monzón en lo que respecta a compatibilidad urbanística. Sin embargo, recordó que todavía no se ha presentado solicitud de examen del impacto de la plantación de 7.000 hectáreas de chopos y caña común que requiere la planta para la producción de energía eléctrica. Dijo asimismo que, por su potencia, la fábrica requiere la intervención del Gobierno central.

Marta de Santos, de Podemos, denunció que está previsto levantar la planta a menos de 600 metros de una zona habitada, lo que provocará afecciones. Patricia Luquin, de IU, hizo hincapié en que todavía están pedientes dos recursos contencioso-administrativos y señaló que el hecho de que la planta cree mucho empleo «no justifica que se salten algunos pasos».