Los empleados de Autobuses Urbanos de Zaragoza han decidido hoy en referéndum, con el 67,4% de los votos, iniciar los trámites para negociar el convenio colectivo en detrimento de la otra propuesta planteada por el comité de empresa que pasaba por efectuar movilizaciones y paros durante los próximos meses.

El 23% de los trabajadores que han votado se ha decantado por la opción de iniciar las movilizaciones anunciadas recientemente para catorce jornadas de octubre, noviembre y diciembre, el 5,37% ha emitido un voto en blanco y el 4,03% nulo.

Con este resultado se iniciarán en octubre los trámites para iniciar el proceso de negociación colectiva y se incluirá en la plataforma del acuerdo la lista de reivindicaciones pendientes junto a las peticiones económicas, ha indicado hoy a Efe el presidente del comité de empresa, Javier Anadón, quien ha añadido que por el momento no se llevarán a cabo los paros propuestos.

De este modo no se esperará a que finalice el actual convenio en vigor el próximo 31 de diciembre.

Anadón ha participado hoy en la concentración que han realizado trabajadores de la empresa en la plaza de Aragón antes de que finalizara el tiempo de votación para decidir entre las dos propuestas.

Allí, en declaraciones a los medios, ha indicado que ha sido la "larga lista" de reivindicaciones que tienen los trabajadores la que les ha animado a plantear ya el inicio de la negociación del convenio.

En este sentido, ha recordado que están pendientes asuntos relacionados con la calidad del servicio que se presta al ciudadano como los tiempos que garanticen las frecuencias o el mantenimiento de los vehículos, así como la exigencia de que haya aseos en los finales de las líneas o el plan de igualdad que es obligado para empresas de más de 200 trabajadores y del que siguen careciendo.

Además ha indicado que está pendiente el laudo por el que les rebajaron el salario y ahora lo tienen congelado y que está pendiente de sentencia judicial.

A este respecto, ha apuntado que la plataforma del convenio peleará para que se les devuelva el dinero que, a su juicio, se les retiró "ilegalmente" dado que la empresa tenía y sigue teniendo beneficios y no estaba justificado que les bajara el sueldo.