La Plataforma de Asociaciones Memorialistas de Aragón (PAMA) reclamó a los grupos de las Cortes de Aragón «un pronunciamiento claro» a favor del desarrollo de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria Democrática de Aragón, tras constatar durante dos años la «falta de voluntad política de los grupos en un Gobierno que ni ha cumplido las obligaciones temporales que marcaba el texto ni ha atendido las recomendaciones realizadas para mejorar la convocatoria de subvenciones y la comisión técnica». La presidenta de la Plataforma, Anabel Lapuente, junto al exdiputado Adolfo Barrena, intervinieron ayer en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de manera telemática para trasladar a la Cámara su preocupación por la demora en el cumplimiento de lo estipulado en la norma.

«Tener publicada en el BOA una ley sin compromiso ni financiación es papel mojado», tal y como criticó Barrena. Además, lamentó que, tras dos años de vigencia de la ley, «sólo se cumple uno de sus cincuenta artículos, el de la conmemoración del día de recuerdo y homenaje a la democracia». Además, demandó que se aplique el régimen sancionador para acabar con «incumplimientos vergonzosos» como los de los ayuntamientos de Zaragoza y Huesca en la retirada de sus callejeros de «nombres de franquistas señalados», poder participar en la comisión técnica, para la que ayer le fue notificado que se rechazaban todas sus propuestas y que los presupuestos de 2021 dispongan de dotaciones económicas suficientes para el desarrollo de la ley.

A esas reivindicaciones se sumó Lapuente, quien llamó a «no ignorar» el pasado reciente y a «poner freno al blanqueo del fascismo y el franquismo que ahora estamos viviendo».

Por parte de los grupos, Ana María Arellano (PSOE) aseguró «creer en la ley y su desarrollo» y repasó los avances para la creación de la mesa técnica y el documento marco con las actuaciones hasta el 2023. José Antonio Lagüens (PP) recordó que su grupo se opuso a la ley «por incompleta» y presentó enmiendas que se rechazaron. Además, defendió una ley «de concordia, donde quepamos todos, sin iras ni rencor». Elisa Sacacia (Ciudadanos) dio la razón a los comparecientes en su denuncia por la lentitud del desarrollo de un texto «de buenas intenciones que sólo debe ser el inicio de un largo camino»._En la misma línea, Nacho_Escartín, de Podemos, aseguró que «tenemos una obligación total para restituir a las víctimas represaliadas».

Isabel Lasobras (CHA) reconoció que “quizá habría que dar un mayor impulso a la ley” y Álvaro Sanz, de IU, aseguró directamente que «esta ley no se está desarrollando». Pese a los retrasos, Esther Peirat (PAR), defendió que se han dado «pasos sustanciales». Y desde Vox, Santiago Morón puntualizó que el desarrollo de la ley es competencia del Gobierno: «No esperen que seamos nosotros los que le impulsemos».