Después de la crítica unánime de la hostelería a la nueva ordenanza sobre contaminación acústica, o del ruido, impulsada por el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), exigiendo pararla y rehacerla, ayer le tocó el turno a la Plataforma de Afectados por el Ocio Nocturno, que aglutina a siete colectivos responder. Para rebatirles e instar a los grupos municipales a «tramitarla con las mejoras que consideren oportunas pero que no la paralicen ni retiren, y que la aprueben». Y añadiendo una propuesta: declarar a todo el Casco Histórico como zona de especial protección.

Así lo manifestó Miguel Morte, que hizo de portavoz de esta plataforma, que está integrada las asociaciones Escuela y Despensa, Lanuza, La Harta, La Huerva, Las Cuatro Plazas, Stop Ruido Casco Histórico y Vía Romana. Lo hizo para leer el manifiesto o decálogo que trasladarán a los partidos y presentar su estudio de mediciones en tiempo real que realizan de tres de las zonas que consideran conflictivas: en la calle Mayor, la de Espoz y Mina y en El Tubo y adyacentes. Y concluye que «durante 200 noches al año de 22.00 a 8.00 horas se superan ampliamente los 55 decibelios».

Así, concluyen que «aunque estos locales no quieren reconocer ni asumir su responsabilidad pero evidentemente la tienen, lo demuestran los hechos y los datos». Porque, en su opinión, puede que el problema se dé en la calle pero ellos son el «germen» de los problemas con el ruido que sufren los vecinos, porque se dan con su actuividad económica. «Evidencias», añaden que obligan a esa ordenanza, porque «vulnera nuestro derecho al descanso» y tiene afecciones para la salud.

La plataforma confía en que la proximidad de las elecciones no afecte a que se apruebe en abril, y creen que «no se puede reducir al interés de los hosteleros o de la ciudadanía». Y, según el presidente de Stop Ruido, Antonio Pérez, «solo es una parte pequeña de la hostelería la que produce el daño y a la que hay que pedirle respeto». Así que no comparten sus críticas por verse como policías fuera de sus locales, como responsables solidarios, porque se trata de una ordenanza «pionera» que llega para poner fin a un problema que «ya dura más de 40 años» en Zaragoza», expusieron.