El consejo de administración de Plaza aprobó el 10 de noviembre del 2006 aportar seis millones de euros en cuatro años para que su fundación, constituida ocho días antes, financiara la adquisición del cuadro de Goya Retrato del Infante Luis María de Borbón y Vallabriga.
El Juzgado de Instrucción número 1 de la capital aragonesa, el mismo que investiga el caso saqueo de Plaza, tramita una denuncia sobre esa operación presentada por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza. El ministerio público tomó esa decisión tras remitirle Anticorrupción las diligencias que abrió a finales del año pasado, cuando Apudepa (Asociación Pública para la Defensa del Patrimonio de Aragón) puso en su conocimiento la transacción.
El acta de la reunión narra cómo esa cantidad --a desembolsar en cuatro plazos anuales de 1,5 millones-- debía complementar los cinco millones de euros de los que disponía la fundación para adquirir la obra.
El consejo de Plaza aprobó la operación dos días después de que la compra del cuadro, que no sería materializada hasta el 14 de diciembre de ese año, fue filtrada a los medios de comunicación, que comenzaron a hacerse eco de la noticia en sus ediciones del 9 de noviembre.
OBJETO Y FINES
Plaza anunció en su web que la operación se cerraría por diez millones de euros cuando, en realidad, su fundación solo disponía de cinco en sus primeras jornadas de vida. Los seis que aportaría Plaza estaban destinados, además de a completar el precio, a financiar otros flecos de la transacción como el pago de las pólizas de seguro y del transporte de la obra, que tuvo que permanecer durante tres meses en el Museo del Prado bajo para ser restaurado.
Plaza es una empresa pública participada mayoritariamente por la DGA y de cuyo accionariado también forman parte el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y CAI. Su objeto social no incluye la adquisición de obras de arte ni la financiación de operaciones de ese tipo.
En cambio, en los fines de su fundación, creada cuando la empresa pública tenía como presidente al consejero de Obras Públicas Javier Velasco y como consejero delegado a su número dos, Carlos Escó, cabe casi todo: "materializar los programas de responsabilidad social corporativa" de la plataforma "en materia de acción social, persiguiendo específicamente la mejora y fortalecimiento de la sociedad aragonesa a través de actuaciones sociales, cívicas, educativas, culturales, científicas o deportivas".
Apudepa decidió poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción tras estallar el caso Plaza a mediados del pasado verano. Su denuncia apunta a la posibilidad de que alguien cometiera en esa operación un delito de malversación de caudales públicos cuya existencia deberán ser determinada, en todo caso, por la investigación del juez José Ignacio Martínez y las sentencias que puedan derivarse del eventual enjuiciamiento de la causa.
Varios medios de comunicación hicieron referencia hace unos meses, al trascender la denuncia de Apudepa a la opinión de miembros del Consejo Español de Peritos Tasadores de Arte. Estos consideran que el comprador del Retrato del Infante Vallabriga no debería haber pagado por él más de dos millones de euros cuando entre Plaza y su fundación desembolsaron más de diez.
LETRA CON SANGRE
El criterio de los tasadores se basaba en los precios que alcanzaron otros cuadros de Goya en fechas cercanas a esa adquisición: 1,7 millones el Retrato de la actriz Rita Luna en el 2007 y 1,4 el Retrato del príncipe Alois Wenzel von Kaunitz dos años después. En febrero del año pasado, nadie pujó por el Retrato de Mariano de Goya, que salió a subasta por 4,1 millones.
Eso mismo había pasado el 22 de diciembre del 2004 con La letra con sangre entra, un óleo de 19,5 por 38,5 centímetros que la casa de subastas Castellana 150 ofreció por 1,3 millones al día siguiente de que la Junta de Valoración y Calificación de Bienes Culturales decidiera declararlo como "exportable".
Algo más de tres años después, el 4 de marzo del 2008, la Consejería de Educación y Cultura de la DGA anunció que lo había comprado por 2,5 millones. Cerró la operación después de que "el 14 de marzo de 2007 se recibe de la galeria Caylus Anticuario SA una propuesta de venta al departamento", según indicaba la nota oficial.
La denuncia que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha remitido al juzgado también hace referencia a esta operación, en la que el juez investiga también si alguien pudo cometer algún delito.
Según ha podido saber EL PERIÓDICO, las pesquisas serán encomendadas al Grupo de Blanqueo de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.
