El consejo de administración de Plaza perdió la confianza en su gerente Ricardo García Becerril en junio del 2011. Por eso le cesó. El motivo, según explicó ayer ante el juez el vicealcalde del Ayuntamiento de Zaragoza --y consejero en la plataforma-- Fernando Gimeno, fue la constatación de que el gerente hacía tratos con la UTE de Acciona y López Navarro a espaldas del consejo. En concreto, según publicó este periódico en septiembre pasado y ayer fue corroborado por los consejeros ante el juez, ordenó un pago de unos 8 millones a la UTE que estaba aplazado por decisión previa de los consejeros. A Gimeno no le constaba si Intecsa-Inarsa dio su visto bueno al trato.
El pago era una información que, según detalló a los medios de comunicación el empresario Marcos Calucho, tenía el "consejero delegado" --en realidad presidente, ya que el cargo fue sustituido por una comisión ejecutiva tras el cese de Carlos Escó, en el 2010--, Alfonso Vicente, desde marzo de ese año. A los consejeros les fue transmitida en la reunión del 20 de junio del 2011 --un día antes de abandonar el cargo de presidente--, y adoptaron por unanimidad la decisión de cesar al gerente. Pese a la "deslealtad", no les pareció oportuno denunciar las irregularidades, algo que sí hizo el sucesor de García Becerril, Jesús Andreu, tras asumir la presidencia de Plaza Rafael Fernández de Alarcón.
SIN PAGARÉS Gimeno y Calucho cerraron ayer, con otros ocho consejeros y exconsejeros y la secretaria, las comparecencias como testigos de los 25 excomponentes del órgano directivo que han testificado ante el juez Francisco Picazo esta semana.
Con las negativas de ayer se confirmó que nadie, según afirman, vio los cuatro pagarés con los que Plaza pagó 8,7 millones a la empresa Codesport por la construcción de las naves de Autocity. Parte del sobreprecio millonario que el magistrado investiga, y por el que permanecen imputados el exgerente García Becerril, el exconsejero delegado Carlos Escó, el empresario soriano Agapito Iglesias y el exdirector técnico de la plataforma, Miguel Ángel Pérez.
A lo largo de tres días, ninguno de los consejeros del 2005 al 2010 ha recordado que se les exhibieran los pagarés, firmados el 15 de diciembre del 2008, justo un día antes de un consejo en el que no se mostraron. Tampoco el exconsejero José Luis Abad los vio, como por error publicó este diario, pero sí era de los pocos que estaba al tanto de la situación económica de la obra, según aseguró ante el juez.
Los comparecientes ayer mantuvieron la línea de los testigos anteriores, según la cual, aun con diferencias en el grado de información, los consejeros eran puestos al día sobre todo de las cuentas globales, no de operaciones concretas. El papel del consejo era, como explicó el miércoles la exconsejera de Ciencia, Tecnología y Universidad de la DGA, Maite Verde, dar el visto bueno a las grandes inversiones y su orientación.
El vicealcalde Gimeno detalló ayer que el papel de los consejeros municipales, sobre todo a partir del 2008, con las vacas flacas, era evitar que el gasto se disparase y repercutiera en las arcas consistoriales. Las cuentas que visaban eran planes a largo plazo, por lo que las operaciones concretas quedaban más diluidas. Aún así, subrayó que la "confianza" en la gerencia y en los técnicos tenía además la supervisión de las auditorías periódicas y del Tribunal y la Cámara de Cuentas.
Su predecesor en las declaraciones, el expresidente de Plaza --como consejero de Obras Públicas-- Alfonso Vicente, coincidió en que no recibieron información de los sobrecostes ni de los pagarés, y admitió al fiscal que "tratándose de una cantidad tan importante, se podían haber comunicado" aunque no entraran en el orden del día.
La concejala María Isabel López, consejera en Plaza entre el 2007 y el 2009, convino con Vicente en que ante lo "elevado" de la cantidad los pagarés debieron de pasar por el consejo, pero no lo hicieron.
El secretario general de la Consejería de Educación, Agustín García Inda, aseguró que no le parecía "normal" que el gerente o el consejero delegado pagasen esas cantidades sin informar al consejo. A él tampoco le hablaron de que los gastos reales de las naves de Autocity hubieran ascendido a más del doble del presupuesto inicial, ni siquiera cuando se trató la ampliación, "un buen momento" para hacerlo.
Por su parte, la exsecretaria del consejo, María Pilar Lidón --que eludió a los medios de comunicación en su comparecencia-- se remitió a las actas, que ella levantaba, y aclaró que no estaba entre sus responsabilidades advertir de la legalidad de los acuerdos.
Ni los ejecutivos de la CAI Fernando Casasnovas y José Ignacio Salafranca ni la de Ibercaja Raquel Martínez (los dos últimos, consejeros desde el 2010) señalaron que detectasen ninguna irregularidad. Esta última sí indicó que, en la actualidad, las explicaciones económicas al consejo aún son en power point.
Como otros testigos, Casasnovas indicó que los consejeros podían consultar con diversos técnicos presentes en las reuniones si tenían dudas sobre las operaciones. Pero al parecer las explicaciones eran convincentes y no las necesitaban, porque ninguno recuerda haber hecho uso de esta prerrogativa. La secretaria no recordaba si realmente tenían este derecho.
La teniente de alcalde de Servicios Públicos, Carmen Dueso, también explicó que en los consejos alguna vez intervino el director financiero y que suponía que si alguien preguntaba algo, "se contestaría". Al contrario que otros compañeros del PSOE, no recordaba haber recibido información previa a los consejos, salvo el orden del día.
