El gerente de la plataforma logística Plaza, Jesús Andreu, ha remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza un informe que cifra en más de 104 millones de euros el desfase entre lo que deberían haber costado las obras de construcción del polígono, que sitúa en unos 136 millones, y los 240 que acabaron abonándose.
El desfase es aún mayor ±de 166 millones de euros± si se tiene en cuenta la diferencia entre lo certificado y el precio al que fueron adjudicadas las obras. El juzgado notificó ayer a las partes personadas y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía la recepción del informe -y su incorporación, si no hay alegaciones- aunque dado su volumen les recomendó acudir a por él provistos de un pen-drive.
El informe fue encargado a la consultora zaragozana EID, experta en ingeniería, que ha analizado, en función de la documentación con la que cuenta la gerencia y según sus propias indagaciones, los desvíos que podrían haberse producido en distintas obras relacionadas con la construcción de la plataforma.
El documento aportado por Andreu, fechado en diciembre -tras la solicitud del juzgado- pero ahora corregido, repasa la estructura y evolución financiera de Plaza, pero destaca el estudio de los presuntos sobrecostes en su construcción.
CAUSAS CIVILES / Según destaca el escrito, el análisis se limita a las obras que estaban siendo objeto de análisis en los procesos civiles entre Plaza y las UTE contratistas, y que quedaron paralizados en espera del resultado de los procesos penales. Concretamente, hacen referencia las obras de urbanización de la segunda fase de Plaza; los enlaces de la carretera A-120 con la A-2 y la Z-40 y las obras del apartadero ferroviario; el movimiento de tierras de la zona de reserva para futuros crecimientos y las obras de la misma zona.
El resumen del documento analiza por un lado el precio de adjudicación por contrata, el precio certificado por la dirección de obra de Intecsa-Inarsa y la valoración real que, según el informe de la consultora EID, tendrían estas obras. Así, la fase II de urbanización se adjudicó por más de 46 millones de euros, se certificó por más de 204 y, según la valoración pericial, costaría 110.
Es decir, un desfase cercano a los 95 millones de euros. Los enlaces viarios con l a N - I I y la Z-40 costarían 4.700.000 euros menos de los 14.400.000 que se pagaron. El apartadero ferroviario tendía un sobrecoste de 2.800.0000 y por los movimientos de tierras y la urbanización en la zona de futuros crecimientos se habrían pagado 1.187.000 y 529.400 euros de más, respectivamente.
El informe de EID ha sido contrastado con otro de la consultora Bureau Veritas, según destaca el documento. Las conclusiones de la «prestigiosa» firma coinciden «sustancialmente» con las de EID, si bien tienen un alcance más limitado al faltarles algunos análisis a pie de obra. Este contraanálisis no ha sido facilitado por el momento, según figura en el documento, pero está «a disposición del juzgado».
CAUSAS / El informe también repasa las posibles causas de estos desfases, sean o no delictivas. Estas, analizadas detalladamente sobre todo en la segunda fase de urbanización, incluirían la certificación de obra no ejecutada, total o parcialmente (22 millones); indebida aplicación de precios y criterios de medición de los movimientos de tierras (30 millones); certificación de obras con nuevos precios cuando ya los había menores (5 millones) y revisiones de precios con aplicación de fórmulas sospechosas, que supusieron 16 millones.
