Del volcado de datos del ordenador del exgerente de Plaza Ricardo García Becerril (uno de los acusados que ha admitido haber sido un corrupto durante la puesta en marcha de la plataforma logística zaragozana) salió a la luz un correo electrónico en el que describía, bajo el nombre de miserias, las supuestas maniobras irregulares cometidas por el exviceconsejero socialista del Gobierno de Aragón, Carlos Escó. Entre ellas una operación en 2003 que llevó a Plaza a pagar 4,5 millones de euros por unos terrenos que fueron considerados «inútiles». Una estimación que ayer fue analizada en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Hubo disparidad de criterios entre los diferentes peritos.

Para Nuria Toral, la especialista en Urbanismo contratada por el que fuera uno de los denunciantes del caso, el exgerente Jesús Andreu, la adquisición de 61,9 hectáreas para ampliar las instalaciones ferroviarias de Plaza no se debería de haber realizado. Destacó dos problemas diferentes: estaban dentro de la zona de polvorines de la Base Aérea y que el 90% del terreno estaba a una cota de 302 metros, es decir, que superaba la línea de seguridad marcada en esa zona por el Ministerio de Defensa.

Prueba de ello es, tal y como resaltó, que a día de hoy hay más de 30 hectáreas libres y otras 56 con usos distintos a los solicitados, entre ellos, zonas verdes, aparcamientos y un punto limpio. Toral destacó que había también una serie de instalaciones de Adif y Renfe, si bien explicó que «Aviación dio el visto bueno para unas torretas de 30 metros, todo lo demás que han construido lo habrán asumido pero no sé por qué».

Una explicación que no comparte el perito de Escó, el experto Luis Casado, quien admitió ante los miembros del tribunal que en sus 40 años de experiencia «nunca había visto un proyecto supramunicipal de estas características». «Se había articulado una manera de expropiar muy ágil», señaló, mientras se enzarzaba en una discusión con uno de los fiscales Anticorrupción, José Grinda, quien insistió que la operación de las 61,9 hectáreas con Sanedi «no era una expropiación». «Empezó como eso, pero luego hubo un contrato de compra», insistió el representante del ministerio público.

Para Casado, la ampliación realizada con estos terrenos fue razonable porque «si antes estaba previsto que esa zona diera un servicio local a Plaza y sus empresas para poder cargar y descargar allí, cuando se hace el convenio, lo que se pretende es que sea algo mucho más ambicioso, ya que se pretende que dé servicio portuario». También destacó que era el norte, la zona de la Base Aérea, la única en la que poder ampliarse porque era la que menos afecciones tenía. Señaló que otras limitaciones, en este caso insalvables, eran las vías del AVE o una urbanización.

No fue el único perito que presentó el abogado del exviceconsejero, Juan Monclús. El que fuera director de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo, presentó un informe contable de Escó y su esposa Eva Almunia, del que destacó que hubo un gasto de 270.000 euros en cinco años, si bien lo justificó con herencias y alquileres. Una visión que no comparte Blanqueo de Capitales de la Policía. Hoy sigue el juicio.