El consejo de administración de Plaza acordó ayer por unanimidad investigar la indemnización de 150.000 euros que la empresa pública concedió a su exgerente, Ricardo García Becerril, a finales de julio del 2011, mes y medio después de que el órgano directivo acordara su cese por pérdida de confianza.
La indemnización ascendió a 150.000 euros y está fechada el 29 de julio de ese año, dos semanas después de que, el día 16 de ese mismo mes, tomara posesión el nuevo Gobierno de Aragón que preside Luisa Fernanda Rudi.
La información facilitada a los miembros del actual consejo por los responsables de la plataforma indica que esa indemnización no fue comunicada a la nueva dirección de Plaza ni al Ejecutivo autonómico. El consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, tomó posesión como presidente de la empresa pública en octubre de ese año y nombró como nuevo gerente a Jesús Andreu.
El cese de García Becerril, imputado en los casos saqueo, pagarés y apartadero --declara por este asunto el lunes-- y que se encuentra en libertad bajo fianza de 300.000 euros en el primero, fue formalmente cesado en el último consejo de Plaza previo a la toma de posesión del nuevo Gobierno autonómico, en los primeros días de julio del 2011.
PÉRDIDA DE CONFIANZA Sin embargo, la pérdida de confianza se produjo en marzo de ese año, cuando los responsables de la empresa pública, presidida entonces por Alfonso Vicente, se percataron de que había autorizado, a espaldas del órgano de administración, el pago a la UTE liderada por Acciona de ocho millones de euros cuyo desembolso estaba aplazado.
Esas circunstancias fueron relatadas por algunos componentes del consejo de administración de Plaza en esa época en sus declaraciones como testigos en el caso pagarés, en el que el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza investiga un presunto desfalco millonario en la empresa pública.
El acuerdo adoptado ayer por el consejo insta a los responsables de Plaza a analizar la indemnización y su justificación.
García Becerril estaba ligado a Plaza por un contrato de carácter mercantil con cláusulas específicas, mientras que la legislación laboral limita las indemnizaciones de los ejecutivos --contratos de alta dirección-- a siete días de salario por año trabajado con un límite de seis mensualidades en caso de no haber sido previamente acordada una cantidad.
El exgerente de Plaza tenía un salario anual de 120.000 euros brutos, una parte de los cuales --entre 6.000 y 8.000-- los recibía en especie.
Tras su cese, fue el gerente de la Corporación Empresarial Pública, José Luis Murillo, quien asumió el grueso de su capacidad de representación en Plaza.
