El pleno municipal de La Muela aprobó el pasado jueves, con la oposición del PP, una propuesta de resolución para crear una nueva ordenanza fiscal que regule las tasas en régimen general por la ocupación del dominio público local. «La idea es que las grandes empresas que utilizan nuestro municipio para sus instalaciones, ya sean de luz, gas, hidrocarburos o agua, aporten una parte de sus enormes beneficios a las arcas públicas municipales con el fin de revertirlos en más y mejores servicios para nuestros vecinos», manifestó ayer Carlos Rodrigo, portavoz en el consistorio del PAR, la formación que está detrás de la iniciativa.

Marisol Aured, representante del Partido Popular, se opuso a la nueva tasa alegando que es «confusa» y que «ya existe». «En cualquier caso, se trataría de actualizar la ordenanza y adecuarla a la ley, tanto en su contenido textual como en los importes, pero no de crear una nueva», señaló la concejala del PP. Además, argumentó, la tasa iría a empresas que prestan servicios de interés nacional, o regional, y que se benefician de exenciones.

Sin embargo, Rodrigo manifestó que se trata de una propuesta «legal», dado que está basada en diversas sentencias del Tribunal Supremo». En este sentido, aseguró que confía en que la propuesta, que inicia ahora su andadura, salga adelante.

ESTUDIO PREVIO // De todas formas, la creación de la tasa requiere una serie de pasos que pasan, en primer lugar, por la elaboración de un informe técnico, jurídico y económico que determine el importe exacto del gravamen en cada caso.

«Se calcula que puede suponer miles de euros, ya que puede oscilar, en función de la tensión eléctrica, entre 500 y 12.000 euros al año por kilómetro instalado», según el portavoz del PAR en la corporación muelana.

El término de La Muela es de una gran extensión y, dada su ubicación al oeste de la capital aragonesa, junto a la autovía de Madrid (A-2), está atravesado por toda clase de canalizaciones, tendidos y cableados de interés nacional y regional, no exclusivamente local.

Esas mismas características han facilitado la instalación de numerosas empresas en su término municipal, en particular desde la creación del polígono Centrovía. Este parque industrial, no obstante, se ha ido debilitando con la crisis y se vio afectado también por la operación Molinos, cuando se destapó una red de corrupción inmobiliaria en la que desempeñaba un papel fundamental la exalcaldesa Mariví Pinilla, condenada a un total de 17 años de cárcel.