La comarca de La Litera presentará una demanda civil ante los tribunales de justicia contra una consejera comarcal del Partido Popular, Montserrat Torres Boix, por el impago de una deuda de carácter laboral que contrajo como responsable de una empresa de ayuda a domicilio que trabajó para la institución literana.

El acuerdo fue adoptado durante el transcurso de una sesión plenaria celebrada el lunes a última hora, ante la decisión del Juzgado de lo Social de Huesca de hacer a la comarca responsable civil subsidiaria en el pago de las deudas contraídas por la empresa, TADO, en concepto de deudas a la Seguridad Social y primas por accidente.

Según informaron a Efe fuentes de la institución comarcal, el pleno acordó iniciar acciones civiles contra la concejal para reclamar el pago de los 91.000 euros reclamados por el tribunal oscense a la institución supramunicipal de La Litera en el ámbito jurisdiccional de lo social.

POSIBLE FALSEDAD DOCUMENTAL El presidente de la comarca de La Litera, Salvador Plana, anunció, además, su decisión de remitir a la fiscalía oscense la declaración de bienes hecha por la edil al inicio de la actual legislatura para verificar la posible existencia de una presunta falsedad documental.

Fuentes del PP admitieron la existencia de responsabilidades a nivel socio-laboral de la concejal, pero aseguraron que su traslado al pleno comarcal constituía un intento de "politización" del asunto.

Según fuentes municipales, en 1997 la empresa TADO SC recibió la adjudicación de la prestación del servicio de ayuda a domicilio que debía realizar la ahora extinguida Mancomunidad de La Litera. Posteriormente, fue subrogado a la actual Comarca de La Litera. En ese contrato, se establecía un precio por hora fijo que sólo se aumentaría en función del IPC.

INSPECCION DE TRABAJO En el año 2000, la inspección de Trabajo comprobó que TADO SC no pagaba a sus operarias el convenio colectivo y dos trabajadoras figuraban en el régimen de autónomos, a pesar de que deberían ser trabajadoras por cuenta ajena. Esta situación se comprobó que era irregular y se ordenó que TADO pagara 13.600 euros a los que no hizo frente, por lo que la mancomunidad debió abonar esta cantidad, ya que según el estatuto de los trabajadores las instituciones que subcontratan un servicio son responsables solidarios.

En 2003, la Seguridad Social inspeccionó a TADO SC porque en los últimos cuatro años no había pagado las cuotas de sus trabajadoras. Asimismo, TADO, en mayo de 2003, se negó a partir de ese momento a prestar el servicio, pese a tener contrato en vigor.

La mancomunidad inició entonces el proceso de resolución de contrato, proceso que después asumió la comarca, que basándose en una resolución de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, siguió adelante con los trámites de la rescisión de contrato y la solicitud de daños y perjuicios.