El Pleno ordinario del mes de junio de la Diputación de Zaragoza ha servido para dar un nuevo paso en la modernización de la institución y en la búsqueda de una mayor eficacia, para lo cual ha aprobado la redacción y actualización de cuatro reglamentos.

Tras 13 años sin actualizar se ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos salvo la abstención de Ciudadanos, el reglamento orgánico de la institución, que consta de 91 artículos y en que se han introducido cambios importantes como incompatibilidades, su organización provincial y administrativa o el estatuto de los miembros de la corporación.

También se incluye el nuevo funcionamiento del pleno que debería ponerse en marcha en la siguiente sesión, pero en esta ocasión y por acuerdo de todos los grupos en las mociones y preguntas ya se ha podido probar y ha sido el diputado de Chunta Aragonesista Bizén Fuster el primero en hacer uso de él.

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha hecho hincapié en la aprobación, por unanimidad, del reglamento para relanzar y revitalizar la Caja de Cooperación que había caído en desuso desde 2008, porque desde entonces la institución adelanta entre el 66 y el 75 por ciento de la subvención.

El objetivo es que los ayuntamientos con problemas de tesorería puedan acceder a que la DPZ les preste dinero, a interés del 0 por ciento, para acabar obras que están iniciadas como piscinas, centros sociales o pabellones.

Las modalidades de crédito que podrán solicitar los ayuntamientos a la institución provincial serán tres: corto plazo, con un máximo de 30.000 euros a un año; medio plazo, a 10 años con 2 de carencia y un máximo de 150.000 euros; y a largo plazo y extraordinaria, para los que se fijarán las bases en los presupuestos anuales de cada año y para lo que será preciso que los consistorios tengan aprobado el presupuesto positivo del año anterior y aprobado el vigente.

La ordenanza de transparencia ha sido aprobada por unanimidad y aborda la regulación necesaria para que la Diputación de Zaragoza implante la transparencia en su gestión.

El objetivo de esta nueva norma es facilitar e incrementar la información que la DPZ ofrece a los ciudadanos y fomentar el conocimiento de la institución y de los servicios que presta.

También se ha aprobado por unanimidad el nuevo reglamento de la Asesoría Jurídica, que regula el funcionamiento de este servicio que trabaja tanto para la propia Diputación de Zaragoza como para los ayuntamientos.

Además de encargarse de la representación y la defensa en juicio de la DPZ, a la Asesoría Jurídica le corresponde el asesoramiento legal de la institución -sin perjuicio del que es competencia de la Secretaría General- y la asistencia jurídica a los municipios y al resto de entidades locales de la provincia, en especial a aquellos que tienen una menor capacidad económica y de gestión.

También se han presentado al pleno cuatro mociones, de las que se han aprobado tres -dos por unanimidad- y una ha sido rechazada.

Las aprobadas por unanimidad han sido una de CHA para expresar el apoyo de la DPZ al sector del turismo activo de la zona de la Galliguera -de la que forman parte los municipios zaragozanos de Murillo de Gállego, Ardisa y Santa Eulalia de Gállego-, en la que los grupos han destacado la labor que están desarrollando las diferentes empresas asentadas para frenar la despoblación y para la reactivación económica de la zona con la generación de empleo.

Ciudadanos ha visto aprobada por unanimidad su moción para que la DPZ realice un estudio para conocer cuáles son las carreteras provinciales más adecuadas para los ciclistas y solicite a la Dirección General de Tráfico que las catalogue como rutas seguras en un momento en el que las muertes de ciclistas en carretera en España se elevan a 26 en lo que va de año.

Con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y CHA y el rechazo de PP y PAR se ha aprobado la moción del grupo En Común para instar al Gobierno central a eliminar la disposición adicional vigésima séptima de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 para garantizar la autonomía municipal en el legítimo derecho a gestionar directamente los servicios públicos y a eliminar la tasa de reposición que limita la contratación pública por parte de los funcionarios.

Por contra, el pleno ha rechazado una moción del PP que planteaba el desarrollo desde la DPZ de "medidas específicas de apoyo a la industria del calzado en la comarca del Aranda", que ha contado con el respaldo de Ciudadanos y PAR, mientras que CHA se ha abstenido y el PSOE y En Común la han rechazado.