Los asuntos de ciudad en el Ayuntamiento de Zaragoza han pasado a un segundo plano. Son como esa asignatura optativa que hay que sacar adelante, pero sin que a uno le robe mucho tiempo. Algo así sucede en el consistorio, donde las sesiones plenarias se han convertido en un foro político de discusión (que no de debate) entre el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) y el resto de formaciones, que compiten lanzando frases potentes y dignas de tuitear -y que tuitean- en lugar de tratar de destinarlas a temas de ciudad y de gestión.

Es lo que pasó ayer durante un pleno en el que se vivieron escenas plagadas de insultos, acusaciones y faltas de respeto entre gritos desde primera hora de la mañana, cuando se produjo la votación -que no salió adelanté- para desbloquear las partidas de las sociedades municipales. El concejal de Economía, Fernando Rivarés, acusó al PSOE de «dar una patada a los zaragozanos» votando en contra. «El PSOE lo único que ha hecho es poner el culo del alcalde en ese sitio», le respondió Javier Trívez, que le acusó de ser «incapaz», un calificativo que, según Rivarés, era «homófobo» y acabó retirando no sin antes decir que, los también socialistas, Carlos Pérez Anadón y Lola Ranera, le habían llamado «demagogo» y «fascista».

CRÍTICAS

En este mismo debate, la concejala de Igualdad, Arantza Gracia, se sintió «ofendida» y «discriminada por ser mujer» ante la sorpresa que generó que interviniera en esta materia. «Las mujeres también podemos defender temas económicos», afirmó. Un sentimiento «personal» que indignó a ambas bancadas al considerarlo absurdo porque Sara Fernández (Cs) y María Navarro (PP) son portavoces del área de Economía. «Nos ha sorprendido porque no sabíamos quién iba a defender la posición de ZeC», le matizó Fernández. Así empezó una sesión que duró diez horas y en las que el alcalde, Pedro Santisteve, volvió a negar que el equipo de Gobierno esté investigado -antes imputado-- por un presunto caso de «prevaricación administrativa» por su gestión en Ecociudad y tras la querella jurídica del anterior gerente, Miguel Ángel Portero. «Si la oposición dice que está investigado es porque lo dice el Gobierno», le corrigió Pérez Anadón, en referencia al decreto que el propio alcalde firmó el 25 de junio designando a los letrados para que presten asistencia y defensa jurídica a los concejales en «calidad de investigados».

Aseguró que el paseíllo por los juzgados de la corporación «no es bueno para el ayuntamiento ni para los que nos dedicamos a esto porque la política no debe judicializarse».

El portavoz del PP, Jorge Azcón, insistió en saber si algún miembro de ZeC va a dimitir o en conocer qué más tiene que pasar para que lo hagan, ya que su código ético así lo contempla. «¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar que el alcalde esté imputado?», cuestionó. «Seguiremos hasta que lo diga el juzgado de instrucción, nuestra organización de control, ética y garantías porque el Gobierno no ha cometido ninguna ilegalidad», le respondió Santisteve, que recordó que la Fiscalía archivó cinco supuestos delitos, entre ellos el de prevaricación, por su gestión en Ecociudad. Fernández también preguntó por el «código ético que firmaron ante notario». «Debía de haber una letra pequeña que ni los ciudadanos que les votaron conocían», ironizó en referencia a su incumplimiento.

Desde CHA, Carmelo Asensio preguntó sobre las mejoras que ha generado en la ciudad la decisión del ZeC de expulsarles de las sociedades porque, a su juicio, «las puertas ahora están blindadas y las paredes son de hormigón». De transparencia y partidismo se habló un buen rato después de que ZeC prohibiera a PSOE y CHA desarrollar el grupo de trabajo sobre el rastro que convocaron. «Vinieron a abrir las puertas y las ventanas para que entrara aire fresco y lo han cambiado por el aire acondicionado bunquerizando el consistorio», resumió Leticia Crespo (CHA). Para Roberto Fernánez (PSOE), el problema de ZeC es que «abusan de su poder y autoridad». «Así muestran su talante de falta de respeto a los demas y su oferta de democracia ha quedado en una mala broma».

El popular Pedro Navarro acusó al Gobierno de realizar viajes institucionales para «uso partidistas» como el último que ha realizado Pablo Híjar a Palestina y la concejala de Cs Cristina García lamentó que en el consistorio se debatan asuntos «de primero de parvulario» por la falta de transparencia del Gobierno de ZeC.