El Pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado hoy, con los votos en contra de PP, PSOE y PAR y la abstención de CHA, una enmienda a la totalidad presentada por IU al proyecto de Ley de Caza de la comunidad, con lo que el texto legislativo continúa así su trámite parlamentario.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Alimentación, Modesto Lobón, ha presentado ante el Pleno de la Cámara el proyecto de ley, que tiene como objetivo principal regular el ejercicio de esta actividad en armonía con la gestión, protección, conservación, fomento y ordenado aprovechamiento de los recursos cinegéticos y del medio natural.

Además de procurar que la legislación ambiental sea más clara, precisa y eficaz y alcanzar una mayor seguridad jurídica, siempre teniendo muy en cuenta que un desarrollo armónico de la actividad cinegética puede constituir un recurso socioeconómico de gran importancia capaz de apoyar la actividad rural con la producción de rentas y puestos de trabajo.

Lobón ha explicado que la ley propicia el relevo generacional; resuelve el problema de los accidentes de tráfico y daños a la agricultura y ganadería causados por las especies cinegéticas; favorece la conciliación de los intereses agrícolas y los cinegéticos, y agiliza la gestión de los cotos.

Como novedades, se simplifica la tipología de las áreas de caza (ya no existirán cotos de caza mayor y de menor, sino solo uno), reduce los requisitos para la obtención de licencias y establece un reparto de los ingresos obtenidos por la utilización de los cotos entre el Gobierno de Aragón y los ayuntamientos.

Éstos últimos podrán disponer libremente de los fondos, mientras que el ejecutivo deberá utilizarlos para reinvertirlos en la reserva de caza correspondiente.

Miguel Aso, de IU, ha defendido los motivos que han llevado a su grupo parlamentario a presentar una enmienda de devolución, el principal que el proyecto de ley no parte de la realidad de la situación biológica de los animales y, por lo tanto, provocará una "caza insostenible" con daños a las propias especies cinegéticas pero también a otras de la cadena trófica.

Así, ha lamentado que el texto tenga más en cuenta los intereses de la Federación de Caza de Aragón que los generales de la comunidad y la necesidad de velar por la conservación del medio ambiente.

Aso ha enumerado, además, como "sinsentidos" que se permita empezar a cazar a los 14 años y que se autorice la caza en algunos lugares de espacios protegidos.

Por parte de CHA, Joaquín Palacín ha indicado que su abstención se debe a que la ley no gusta a su grupo parlamentario pero sí que estima que la actividad cinegética tiene una "importancia clara" para el medio rural aragonés y por eso es necesario regularla.

A su juicio, son necesarias mejoras en aspectos como la compatibilización de la caza con otras actividades, garantizar el papel de los ayuntamientos en la regulación y mejorar la forma de abordar los daños causados por los animales.

El diputado socialista Alfonso Vicente, por su parte, ha reconocido que la ley es "bastante continuista" con la que promulgó el PSOE, y ha alabado que tenga avances en la prevención de accidentes de trafico y en el pago de daños agrícolas, que no deben de recaer todos sobre los cazadores, y en la mejora de las zonas de seguridad.

Ha recordado además que la caza genera un impacto económico de entre 70 y 100 millones el año en Aragón.

Miguel Ángel Lafuente (PP), por su parte, ha recriminado a IU que su objetivo sea "prohibir la caza", algo que no aceptarían los habitantes de zonas como los Pirineos, Albarracín o los Montes de Beceite, al tiempo que ha considerado "radicalmente falso" que no se tenga en cuenta en el texto la realidad biológica de las especies.

Por eso, ha mostrado "todo el respeto del mundo" a los animales, pero también al ser humano, puesto que la caza "crea empleo y potencia el territorio", además de generar recursos para los ayuntamientos.

El diputado del PAR Manuel Blasco ha recordado que las más de 60.000 licencias de caza que existen en Aragón indican que ésta es una importante actividad económica a la que la comunidad "no puede renunciar".