El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado -con los votos de PP, Cs y Vox- una moción de ZeC que instaba al equipo de gobierno a estudiar la municipalización del servicio de autobús urbano, tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula dos puntos del actual pliego de condiciones.
El Alto Tribunal ratificó una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que anulaba dos cláusulas del pliego de condiciones -la solvencia técnica y la necesidad de ser una sociedad anónima-, que supusieron la eliminación del proceso de la Cooperativa Unitaria de Trabajadores (CUT) y que resultara ganadora del concurso la empresa Tuzsa (ahora parte del Grupo Avanza).
La iniciativa ha sido defendida por la concejala de ZeC Luisa Broto, quien ha planteado dos propuestas, a su juicio, "factibles": la creación de una empresa pública de movilidad sostenible en la ciudad, que gestione todo lo relacionado con la movilidad y asuma las contratas una vez vayan venciendo; o hacerlo desde una perspectiva metropolitana, a través del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ).
Desde el PSOE, que se ha abstenido en parte del texto y ha apoyado el resto, el edil Alfonso Gómez ha vuelto a insistir en no poner "el carro antes que los bueyes" y ha apostado por realizar estudios tanto para ver cómo ejecutar la sentencia como de cara a una futurible municipalización.
En representación del PP, la consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, ha acusado a los proponentes de intentar "mezclarlo todo" y ha achacado la sentencia a "errores de la izquierda", ya que los pliegos anulados fueron redactados por un gobierno socialista y fue ZeC en el mandato anterior la que decidió no recurrir la primera sentencia desfavorable del TSJA.
Además, ha reiterado que la sentencia no habla de municipalización, que "está en su programa, no en el nuestro" y, de cualquier forma, sería "imposible" acometer las inversiones necesarias para asumir el servicio con el actual estado de las arcas del Ayuntamiento.
Amparo Bella, de Podemos, ha hablado de "oportunidad histórica" para municipalizar el servicio y para crear unos servicios públicos más sostenibles y anclados a la economía local para que la ciudad esté "a la altura de los tiempos".
El portavoz de Vox, Julio Calvo, ha coincidido con el equipo de gobierno en que la sentencia no habla de municipalización, que ha achacado a exigencias de la cooperativa de trabajadores a cambio de no reclamar un lucro cesante que rondaría los 40 millones de euros y ha rechazado tomar una decisión bajo "presión".
