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La plusvalía ya no se cobrará si se acredita pérdida de valor

Tendrá carácter retroactivo pero solo hasta el 15 de junio del año pasado. La FEMP pacta con Hacienda una salida aplicable tras el fallo del Constitucional

 

EL PERIÓDICO
20/01/2018

El Ministerio de Hacienda ha accedido por fin a dar una solución a la reforma de la plusvalía, el denominado Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Se pone fin a la incertidumbre con un tributo que recaudan los ayuntamientos y que el Tribunal Constitucional decidió en el 2017 declararlo inconstitucional en aquellos casos en los que se demuestre que el inmueble ha perdido valor en el momento de la transmisión con respecto al de la adquisición. Esta pasa por dejar de cobrarlo en estos supuestos, dentro de una solución normativa que se ha pactado con la federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Este pacto se plasmará en el texto de la proposición de ley que el Gobierno central va a presentar y, como aspecto destacado, incluye la posibilidad de aplicar un carácter retroactivo a esta exención pero solo para los casos que se produjeran desde el 15 de junio del 2017, que fue el día en que el fallo del Constitucional aparecía en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este cambio normativo que plantea Hacienda está previsto que se presente antes del verano, de manera que será entonces cuando aquellos contribuyentes que desde esa fecha hasta ahora hayan vendido sus inmuebles por un precio inferior al que los compraron y, aún así, hayan abonado el impuesto municipal, deberían reclamar la devolución porque se dará validez legal a que nunca debieron pagarlo. Lo que no cambia es que será el contribuyente quien deba acreditar ante la Administración esa pérdida de valor del inmueble.

Esta es, finalmente, la respuesta del ministerio a lo que, ciudadanos y consistorios, han venido demandando desde hace siete meses. Obligado por el Constitucional, le queda por dar forma al nuevo texto legal que regule este impuesto en los próximos meses y que se anticipa a otro debate muy reclamado: la financiación local. Y resuelva si, como exigía la FEMP, los consistorios será compensados, por el dinero que esta espera les ha hecho perder, por las devoluciones y por la inminente pérdida de ingresos.

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