La creación de una dirección general de discapacidad y de la figura del mediador laboral, la libertad de elección de centro para familias de personas con discapacidad y la consideración de las prestaciones ortoprotésicas como derechos y no ayudas centralizan las enmiendas presentadas por Podemos a la Ley de Discapacidad de Aragón.

Un texto elaborado por el Gobierno aragonés que el diputado de Podemos Raúl Gay ha calificado como "ley plana, poco ambiciosa, vaga en sus términos y un copia pega de la Ley de Andalucía", que se estructura en 75 títulos y a la que se formación ha presentado alrededor de 200 enmiendas.

Gay ha defendido en rueda de prensa que es una oportunidad "histórica" para redactar una ley innovadora, progresista, que ayude a mejorar la vida de las personas con discapacidad y que se convierta en "pionera" y "ejemplo para otras comunidades autónomas".

Y para ello, su formación considera "clave" que exista en la misma un título dedicado a la familia, que no existe en el texto del Gobierno, y dado que, según varios estudios, una familia con una persona con discapacidad en su seno es "más pobre" bien por el aumento de gastos o por reducción de ingresos.

Desde Podemos Aragón reclaman además la creación de una dirección general de discapacidad que facilite y coordine los trámites que deben llevar a cabo estas personas en su vida diaria y plantean que, en la necesaria transición hacia una inclusión educativa real, las familias de personas con discapacidad puedan elegir si quieren llevar o no a sus hijos a un colegio especial.

"No puede ser que pidamos libertad de elección para acudir a un colegio concertado o privado y obliguemos a una familia a llevar a su hijo con discapacidad donde no quiere", como ocurre ahora, ha argumentado Gay, quien prevé este será el tema más conflictivo en la Ponencia de las Cortes que debata la ley.

En sus enmiendas, Podemos se refiere también al empleo y tras considerar que no funciona que el Gobierno ayude a las empresas para que contraten a personas con discapacidad, propone la figura de un mediador laboral, como existe en países como Alemania, y que dependa de la citada dirección general de discapacidad para asesorar y realizar una labor pedagógica.

Gay ha apuntado que la ONCE cifra en 36.000 las personas con discapacidad en Aragón en edad de trabajar, y que solo una de cada tres trabaja o está en búsqueda de empleo.

Podemos centra también sus enmiendas en el actual sistema de prestaciones ortopotésicas, que ha tildado de "perverso" en Aragón, donde los afectados tienen que adelantar el dinero, y frente al que ha urgido la consideración de "derecho" y no de "ayudas", como ocurre en otras comunidades autónomas y con otros servicios esenciales como la sanidad.

"Nadie compra una prótesis o una silla de ruedas si no la necesita, es esencial para la vida, y no puede ser que las personas con discapacidad adelanten el dinero y tengan que esperar seis meses o un año para que te lo devuelvan", ha denunciado.

El plazo para la presentación de enmiendas a esta ley concluye el 10 de diciembre, según Gay, quien ha mostrado su deseo de que haya "consenso" en el resto de grupos parlamentarios para que la futura ley de discapacidad "no fomente" los derechos, sino que los garantice "y ponga medidas para ello".