El Gobierno de Aragón volvió a presentar ayer la propuesta de modificación presupuestaria de algo más de 15 millones que permitiría el pago de las nóminas de los profesores de la enseñanza concertada, después de que fuera rechazada en la Comisión de Hacienda de la semana pasada por una inusual alianza de PP y Podemos. El portavoz socialista, Javier Sada, mantuvo ayer reuniones y conversaciones con los portavoces de todos los grupos de las Cortes -«como hago todas las semanas, un par de veces», aclaró- y tiene «confianza» en que esta vez salga adelante. Para ello apeló a la «responsabilidad» de los grupos a la hora de votar.
No hay acuerdos cerrados, pero sí buenas vibraciones respecto a la formación morada, que ya se dejaban traslucir en la opinión de Sada de que «Podemos, al final, ha actuado siempre con responsabilidad». Tampoco detalló mayores indicios de su esperanza, porque «yo actitudes no valoro», añadió el portavoz socialista.
Fuentes de Podemos confirmaron que en esta nueva votación, que se espera cuanto antes, «no habrá problema» para la aprobación, al tratarse fundamentalmente de abonar sueldos de trabajadores.
Las mismas fuentes explicaron que no han adoptado una decisión como tal, pero que la aparente oposición del grupo al modelo de la concertada tiene más que ver con la mala gestión que a su juicio se hace de ella que con su existencia. Y en cualquier caso no quieren perjudicar a los empleados.
En cualquier caso, aclararon, siguen considerando que los responsables de que votaran no en primera instancia -en la comisión del lunes de la semana pasada-son los hábitos del consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, de «infradotar» partidas prespuestarias para luego hacer «ingeniería financiera» y aumentarlas. Y achacaron la denegación al voto en contra compartido por el PP, en contra de su tradicional defensa de la enseñanza concertada.
SINTONÍA
La buena sintonía con el Gobierno PSOE-CHA de cara a la inminente votación se dejaba notar en las explicaciones coincidentes de Sada, que cargaba contra la «absoluta irresponsabilidad del PP». A su juicio el partido no respondió a anteriores votos del PSOE a su favor, por «lealtad», en este asunto, que «no deja de ser una bandera, más que una opción política seria» para ellos. Aun así, también confiaba en la «responsabilidad» popular en la futura votación.
Según recordó el portavoz socialista, tras la votación fallida de la semana pasada tenían un plazo máximo de siete días, que expiraba ayer, para presentar la iniciativa de nuevo, como así hicieron. «No queríamos que los profesores fueran los paganos de esta situación, y recibieran un mensaje de que no actuamos para que puedan cobrar sus salarios», expuso. El Gobierno quiere dejar zanjada la modificación que aumentaría la partida a unos 30,7 millones de euros, tras una votación cuya fecha debe fijar la comisión.
Si el resto de los grupos mantienen sus posiciones iniciales -Ciudadanos, PAR y el Grupo Mixto apoyaron los 56 expedientes debatidos en la comisión-, y con la aparente adhesión de Podemos, una vez dejada clara su postura en primer término, incluso un enrocamiento del PP en la negativa sacaría adelante la modificación, y los profesores de los centros concertados podrían afrontar las vacaciones de verano sin inquietud por el cobro de su remuneración.
Pero dado que oficialmente no hay nada cerrado y nadie ha manifestado su posición, habrá que esperar al desenlace de la comisión para confirmar si esta batalla de la guerra de la concertada se cierra sin víctimas.
