Durante los años en los que estuvieron vigentes los planes de saneamiento y depuración aragoneses que ahora se analizan en una comisión de investigación en las Cortes de Aragón, el PAR obtuvo una media de fondos por habitante y año «significativamente mayor» que el resto de partidos. Esta es la principal conclusión de un informe estadístico encargado por Podemos con el que tratan de demostrar que la asignación de las partidas presupuestarias del convenio entre los municipios «se realizó teniendo en cuenta el signo del partido político gobernante» en cada localidad.
El PAR, que controlaba las consejerías de Medio Ambiente en aquellos años y que siempre ha negado la falta de transparencia en la distribución de las partidas, insistió ayer en que el trabajo «es de parte» y negó la validez de las conclusiones. Consideraron que no se han tenido en cuenta todas las variables y alegaron que teniendo en cuenta otros parámetros diferentes los resultados podrían haber sido completamente distintos.
La diputada de Podemos Marta de Santos, que además coordina las labores de la comisión de investigación paralamentaria, afirmó que con los datos «se confirma que hubo un reparto clientelar de los fondos y este no se basó en criterios de necesidades reales». Por ese motivo tienen la intención de sumar el documento a las labores de los diputados para discernir si hubo responsabilidades políticas.
Además, la formación morada no descarta presentar una querella si se confirman «los indicios» que figuran en el estudio estadístico.
diferencias / Las conclusiones elaboradas por la empresa Belerofontech detallan que los municipios del PSOE, con el 51,6% de la población aragonesa total, recibieron el 36,77% de los fondos; los del PP (28,2% de la población) obtuvieron el 25, 7%; los de CHA el 1,15% teniendo el 2,5% de la población, y los de IU el 0,14 cuando aglutinan el 3% de la población.
Por el contrario, según el informe, los ayuntamientos gobernados por el PAR suponen el 13,7% de la población aragonesa y recibieron el 35,2% del total de los fondos del convenio repartidos a municipios, que suman 122,93 millones de euros al haberse excluido del estudio 18,4 millones consignados a varios ayuntamientos o a comarcas.
De Santos reconoció que aunque está «satisfecha» con las sesiones parlamentarias celebradas hasta el momento, posiblemente pedirá que se amplíe el número de comparecientes para analizar «algunas contradicciones» de las personas que han pasado por ella. Está por ver si el resto de grupos políticos aceptará la ampliación.
