La portavoz de Podemos en las Cortes, Maru Díaz, ha anunciado que su partido impulsará al inicio de la próxima legislatura una comisión de investigación sobre la empresa pública Sarga ante las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas, administrativas según el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, quien ha negado tajante que haya corrupción y le instado a acudir a la fiscalía.

La portavoz de Podemos, Maru Díaz, ha anunciado esta comisión en la comparecencia solicitada al presidente, Javier Lambán, para que diera explicaciones por las conclusiones de ese informe, aunque ha sido Olona el que las ha dado, y la diputada ha tachado de "lamentable" que el jefe del Gobierno "no dé la cara" en el último pleno ordinario de la legislatura.

Porque el informe, correspondiente a la gestión de Sarga entre los años 2012 y 2016, contiene conclusiones "demoledoras" y deja "corto" el relativo al plan de saneamiento y depuración de las aguas que está presentado ante la fiscalía anticorrupción por "indicios severos de corrupción", ha subrayado Díaz.

Un informe, ha abundado, que contiene un análisis completo de la contratación y que en su opinión "apunta a delitos muy graves", ya que de casi 140 millones de euros en facturas a terceros, 10 se gastaron sin expediente de contratación o fraccionando el objeto de contrato, sin cumplir los criterios legales.

Como poco, ha afirmado que apunta a una gestión "negligente", a una culpa "in vigilando" y, en todo caso, a una presunta prevaricación.

Ha incidido, además, en que de los quince contratos por obras de regadío, en nueve no se identificó el órgano de contratación, en que en la recogida de cadáveres la dinámica ha sido la "ilegalidad" y en que la "joya de corona" son las cuatro plantas de purines que ya aparecían en el informe sobre el plan de depuración.

"Son hechos probados por la Cámara de Cuentas", ha enfatizado Díaz, y por tanto Podemos, en el primer pleno de la próxima legislatura, abrirá una comisión de investigación para Sarga.

En su turno, Olona, quien ha justificado que sea él quien "dé la cara" en el pleno y no Lambán al ser el responsable de Sarga, ha denunciado que Podemos utilice esta empresa con fines "partidistas" ante unas irregularidades administrativas, porque no hay delito, fraude o corrupción.

Díaz ha insistido en los "incumplimientos de la legalidad" a los que alude el informe y en el interés de su grupo en que las administraciones estén a la altura y "limpias", y Olona ha asegurado que "no hay evidencia alguna de fraude" y que la Cámara de Cuentas no ha adoptado medida alguna más allá del análisis de la situación cuando la ley establece que si advierte indicios de responsabilidad contable, debe trasladarlos "sin dilación" al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

En el turno del resto de grupos, Ramón Celma, del PP, ha apostado por "tomar nota" del informe para mejorar la gestión de la empresa, al margen de "exageraciones", para que Sarga, además de impulsar la conservación del medio ambiente, sea un elemento de desarrollo socioeconómico.

Lucía Guillén, del PAR, ha acusado a Podemos de ir "más allá" de lo que dice el propio informe, porque la Cámara de Cuentas no entra en si las operaciones de la empresa son "delictivas o sospechosas", como ya hizo la formación morada con el plan de depuración, cuya comisión de investigación ha demostrado que los "fantasmas" estaban únicamente "en su cabeza".

Por Ciudadanos, Ramiro Domínguez ha incidido en que el informe es "demoledor" al revelar irregularidades, con fraccionamiento de contratos que es una práctica "vomitiva", y el responsable de la mayoría de ellas es el Gobierno PP-PAR anterior. "Eso es una realidad como un templo", ha agregado, cuando es una empresa necesaria para el medio rural que todos los partidos que han tenido responsabilidad en ella han utilizado como "un chiringuito".

Patricia Luquin, de IU, ha tachado de "varapalo" la fiscalización sobre Sarga de la Cámara de Cuentas, que comienza a resultar "incómoda" y por eso se le quiere poner "sordina", porque ha constatado "irregularidades en la contratación" y, además de leerse el informe, "hay que actuar".

Por su parte, el socialista Herminio Sancho ha criticado la "tergiversación interesada" del informe, ha defendido la gestión "solvente" del Gobierno PSOE-CHA y ha insistido en que no se puede hablar, en ningún caso, de irregularidades económico-financieras.