El grupo parlamentario de Podemos en las Cortes de Aragón ha manifestado tener "serias dudas" de que el gobierno de Lambán tenga "intención real de atajar los privilegios de los directivos" en empresas públicas como Motorland.

Así lo ha asegurado la formación violeta, a través de un comunicado de prensa, tras hacerse pública la modificación y ampliación del plazo para el nuevo contrato de servicios técnicos, un puesto aparentemente creado para mantener la vinculación con el exgerente de esta sociedad, Tomé Alfonso.

Desde el pasado mes de febrero, el Gobierno de Aragón está obligado a equiparar las retribuciones de los directivos de las empresas públicas con las de representantes públicos y altos cargos de la Administración, gracias a la aprobación de una Ley impulsada por Podemos y apoyada por el PSOE y el resto del arco progresista en el parlamento aragonés.

La aplicación de esta norma supuso la salida de Alfonso como gerente de Motorland, al no querer ceñirse a las nuevas condiciones de contrato, que conlleva dejar de trabajar para otros circuitos que compiten con el de Alcañiz y un régimen salarial que impide cobrar más que el presidente del gobierno.

Sin embargo, tanto Javier Lambán como la consejera de Economía, Marta Gastón, no han escondido la voluntad del Ejecutivo de encontrar la fórmula de que Alfonso, sobrino de Carmelo Ezpeleta, dueño de Dorna -empresa que gestiona los principales campeonatos que tienen lugar en el circuito de Alcañiz-, siga vinculado a Motorland.

Aparentemente, para ello, el Gobierno de Aragón ha sacado a concurso estas tareas de consultoría para la promoción y organización de competiciones; una plaza orientada a Tomé Alfonso, para desempeñar unas funciones que hasta hace unos meses se integraban en el puesto del gerente.

Por ello ha anunciado su intención de registrar una pregunta dirigida a Gastón para que explique por qué el nuevo gerente no puede desempeñar estas funciones, asumidas hasta ahora desde ese puesto, y para que aclare si está trabajando o no en la prevención de la extensión de privilegios en la gestión de la empresa pública Motorland, una situación que arrastra la sociedad en los últimos años, según los informes de la Cámara de Cuentas.

En este sentido, la citada nota apunta que la formación morada sospecha que las políticas del Ejecutivo autonómico "no van en la dirección de atajar estos privilegios, que aumentan los gastos y sólo perjudican al circuito de Alcañiz y a las posibilidades de proyección del Bajo Aragón".

De confirmarse, Podemos ha alertado de que "estaríamos ante una maniobra para que el cambio legislativo no tuviera efectos sobre esta empresa pública, lo que sería una prueba más de la falta de voluntad regeneradora del gobierno de Lambán".