Las posiciones sobre el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) de la DGA y Podemos están cada vez más alejadas. El líder de la formación morada, Nacho Escartín, pidió ayer la «derogación» del tributo pocas horas antes de que se celebrara el primer encuentro técnico para abordar su reforma, según figuraba en los acuerdos presupuestarios firmados el pasado mes de diciembre y según defendía la semana pasada. Con este gesto, el diputado se sumó a la tesis propugnada por el Ayuntamiento de Zaragoza que decidió no acudir a la reunión por no creer en su reforma.
La DGA trasmitió en el encuentro una propuesta según la cual están dispuestos a establecer una tarifa progresiva y mejorar las bonificaciones. El portavoz de la Red de Agua Publica de Aragón (RAPA), José Ángel Oliván, consideró que el planteamiento es «insuficiente» y exigió una reforma de la ley de aguas para que la depuración sea competencia municipal. «El resto es puro maquillaje», aseguró.
La directora del Instituto Aragonés del Agua (IAA), Inés Torralba, señaló que la DGA está dispuesta a escuchar todas las propuestas para avanzar en una regulación tributaria «más perfecta». Pero por el momento no se contempla una supresión del ICA y tampoco aplicar cambios que supongan reducir los 70 millones de euros que en la actualidad se perciben por esta materia. Solo de esta forma es posible hacer frente al gasto público suficiente para mantener las infraestructuras ya construidas y seguir invirtiendo para completar las que faltan, consideran.
Para Torralba la clave en la mejora estaría en «establecer una tarifa progresiva por tramos de consumo» de forma que se incentivara «un consumo responsable del agua». El propio presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, reconoció ayer el «fracaso de la gestión» hasta la pasada legislatura, pero advirtió de que «jugar con los impuestos es muy peligroso» al considerarlos imprescindibles para financiar los servicios públicos.
Desde la RAPA mostraron su descontento por las condiciones para el diálogo impuestas por la DGA y exigieron que se dejara de cobrar el tributo en base a la movilización social de las últimas semanas. Cifró en más de 15.000 los recursos interpuestos contra el pago y avanzó que la manifestación convocada para el 4 de febrero sería «muy numerosa».
SIN PLAZOS REALISTAS
Oliván explicó que la única fórmula, a su juicio, para solucionar el conflicto por la «municipalización de la gestión de la depuración y por la sustitución del impuesto por su correspondiente tasa municipal. Además, pidió «la asunción de responsabilidades» por parte de los sospechosos de haber favorecido sobrecostes en la puesta en marcha de las depuradoras. Para llevar a cabo estas medidas sería necesaria una modificación de la ley de aguas aprobada en el 2014.
A pesar de la evidente falta de avances, la directora del IAA quiso dejar claro que la propuesta «no está cerrada» y que en el futuro tendrán en cuenta las aportaciones de los diferentes representantes. Sin embargo, los plazos apremian. Con una negociación presupuestaria pendiente de las mayorías políticas y condicionada a una reforma del ICA se avecinan complicaciones. «Febrero no es una fecha realista», afirmó Torralba en relación a la exigencia de Podemos. Según la responsable autonómica es necesario más tiempo para elaborar una propuesta firme que se ajuste a la legislación vigente.
Los diferentes colectivos, desde organizaciones sindicales a municipales, acordaron volver a reunirse en las próximas semanas tras estudiar los documentos presentados.
