Podemos e Izquierda Unida han registrado una proposición no de ley en las Cortes de Aragón para instar al Gobierno de España a impulsar una Ley de Vivienda "que blinde la función social de la misma y la asegure como derecho subjetivo del ciudadano, respetando el artículo 47 de la Constitución Española".
En la iniciativa presentada de forma conjunta, han señalado que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU reclama al Estado que reglamente el mercado privado de la vivienda para facilitar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de una vivienda adecuada para las personas de bajos ingresos.
El texto también expresa que este organismo pide la revisión de la legislación española sobre arrendamientos y modificaciones necesarias a fin de garantizar una protección adecuada de la seguridad de la tenencia y establecer mecanismos judiciales efectivos que garanticen la protección del derecho a una vivienda adecuada y que se garantice la aplicación inmediata de estas reclamaciones en casos de desalojo forzoso sin alternativa habitacional.
En su informe de 2018, el Comité DESC alerta al Estado español del "número insuficiente de vivienda social, de la creciente falta de asequibilidad de la vivienda, particularmente dentro del mercado privado debido a los precios excesivos y la falta de protección adecuada de la seguridad de la tenencia". Y también muestra su preocupación "por el número significativo de hogares que no cuenta con vivienda en condiciones adecuadas y el alto número de personas sin hogar".
ALQUILERES
La iniciativa también recoge la necesidad de regular los precios de los alquileres, tal y como acordaron Unidas Podemos y PSOE en el Acuerdo de Coalición, "impidiendo el abuso en los contratos con mecanismos de control de precio y promoviendo bajadas tanto en contratos en vigor como en futuros".
Además, en el texto reclaman "el aumento del parque de alquiler social, adoptando mecanismos para la cesión obligatoria y temporal de vivienda vacía en manos de grandes tenedores de vivienda a las administraciones públicas competentes".
Con esta iniciativa pretenden lanzar un mensaje unánime de Aragón para que se desarrollen "de forma urgente" herramientas "valientes" que den certidumbre a las familias.
Y es que "aunque el Gobierno español ya ha desarrollado medidas de urgencia ahora es el momento de abordar reformas estructurales que den a la vivienda el estatus real de bien de primera necesidad, y no una inversión, tal y como mandata la Constitución Española".
