El pleno de las Cortes de Aragón aprobó ayer el 78% de las 760 propuestas de resolución planteadas por los grupos como culminación del debate del estado de la comunidad, y entre las que no figuran las reprobaciones a cuatro consejeros que había pedido Podemos, que fue el único partido que votó a favor de la reprobación. A pesar de las en ocasiones duras palabras que se intercambiaron los portavoces, fueron aprobadas 584 resoluciones de las 760 presentadas, 211 de ellas por unanimidad. Las propuestas no son de obligado cumplimiento para el Ejecutivo.

La bancada del Gobierno volvió a a oír desde los escaños de la oposición críticas a su «inacción», su «falta de rumbo», su «parálisis», su «estancamiento» o su «inestabilidad», con acusaciones directas a Podemos por ser corresponsable de esta última circunstancia.

Pero Podemos se desmarcó de su apoyo puntual al ejecutivo con la defensa de cuatro propuestas de resolución para reprobar a los consejeros de Hacienda, Fernando Gimeno; Economía, Marta Gastón; Desarrollo Rural, Joaquín Olona, y Derechos Sociales, María Victoria Broto, por suponer «un freno» al modelo de desarrollo que pretende la formación. PP, PAR e IU se abstuvieron y Ciudadanos votó en contra. Su portavoz, Javier Martínez, consideró «cómico» que la formación morada intente reprobar unas políticas de las que son «cómplices». En línea parecida, María Herrero (PAR) advirtió a los «pseudosocios» del PSOE de que todo lo que se lleva a cabo en el Parlamento se hace con «su aquiescencia».

Los ejes en los que se basó el PP sus propuestas, fueron la lucha contra el reto de la despoblación, la creación de empleo y de actividad económica y la mejora de los servicios públicos. Román Sierra, por Podemos, destacó el contenido de algunas de sus propuestas, como el vaciado de competencias de las diputaciones provinciales, la revisión del Pacto del Agua de 1992 o la prohibición de cualquier nuevo concierto educativo.

Por el PAR, María Herrero ha llamado la atención sobre quedenunció que el Ejecutivo tiene una política «absolutamente sectaria» y pretende «cargarse todo lo que huele a privado».

Las 40 propuestas de IU, dijo su diputada, Patricia Luquin, se encaminaban a poner en marcha un proyecto político «absolutamente de izquierdas», con un cambio fiscal, del modelo productivo y de apuesta por la educación pública, pero también a garantizar derechos y libertades tales como la muerte digna, la laicidad o la igualdad efectiva entre hombres y mujeres con especial énfasis en la lucha contra la violencia machista.

Entre las iniciativas que salieron adelante, destacaron algunas como que se dote de más fondos a la dependencia o que se supriman los aforamientos parlamentarios.