Todos los grupos parlamentarios apostaron ayer porque, de cara a la elaboración del reglamento para la aplicación de la ley contra la pobreza energética «se estudie cómo proteger las situaciones de los hogares vulnerables en cuyos contratos de suministro no figure el nombre de alguno de sus miembros, cuando efectivamente sí residan en ese domicilio, pudiéndose acreditar mediante informe social». Esta proposición surge de una iniciativa de Podemos que espera simplicar de este modo los trámites burocráticos en la recepción de ayudas. Además, de esta forma recuerdan al Gobierno de Aragón el retraso en la aplicación de la norma, más de un año después de ser aprobada.
La diputada Marta Prades (Podemos) indicó que el texto debería ser «una medida simple y sencilla para resolver un problema», sobre todo «a las puertas del invierno» cuando las necesidades de los colectivos vulnerables son más evidentes. «Tenemos que contemplarlo en el decreto», reclamó.
Por parte del PP, Ana Marín consideró que el texto aprobado tiene «alguna contradicción», especialmente en su forma de definir sus atribuciones. «Nos llama la atención porque piden que en el reglamento se incluyan derechos que no están en la ley cuando su función legal es desarrollarla», opinó.
La socialista Pilimar Zamora recordó que el objetivo de la ley aprobada era «evitar estos cortes energéticos» y precisó que se buscaba «proteger» de esas situaciones. «En estos momentos no es objetivo de la DGA no dejar a nadie sin respuesta y la ayuda se hace efectiva desde el primer día», indicó. La portavoz del PAR en la materia, Elena Allué, apostó por «resolver los problemas de los ciudadanos» algo que se consigue con el texto. Únicamente criticó que se intente «modificar su objeto» unos meses después de su aprobación.
exclusión social / Para Desirée Pescador (Ciudadanos) hay que evitar la exclusión social «que tanto preocupa a todos». «Ningún hogar debe sufrir pobreza energética y estos servicios deben estar garantizados en igualdad, pero este planteamiento no nos parece correcto», opinó.
Por parte del Grupo Mixto, Patricia Luquin (IU) defendió que cuando se aprobó la ley era evidente «que su espíritu y filosofía era garantizar la reducción de la pobreza energética».
