Podemos Aragón considera que la resolución de la Consejería de Educación sobre la renovación de conciertos, que plantea el cierre de trece aulas concertadas de Primero de Infantil, supone "un tímido avance hacia la recuperación de la educación pública de calidad en Aragón".

En un comunicado, Podemos señala que después de una época "negra" en la que el PP y el PAR "se dedicaron a desmantelar sistemática e ideológicamente nuestra educación pública, poniendo en la calle a más de 2.000 profesores y cerrando más de 200 aulas -al mismo tiempo que la privada concertada no sufría ningún recorte-, teníamos este año la oportunidad de revertir esta tendencia de privatización de un derecho básico y de apostar por una mejor educación pública gratuita, sin discriminación y de calidad".

Sin embargo, Podemos lamenta que una LOMCE "retrógrada y ambigua, que permite a los jueces conservadores dictar sentencias con sesgo político" sobre el tema, combinada con la "habitual timidez del PSOE a la hora de confrontar con los que prefieren privilegios que derechos", provoque que "el avance en la protección del modelo público con esta medida haya sido apenas leve", de acuerdo con los datos demográficos y de escolarización que proporciona el propio departamento.

Aunque Podemos asegura que ellos habrían "ido más lejos que el PSOE" reconocen el "papel clave" que lograr una apuesta más decidida que la de la mayoría de las comunidades autónomas.

Al igual que han defendido hoy desde el Departamento de Educación, la formación morada subraya que la decisión garantiza que "ni habrá despidos de profesores, ni se cerrarán aulas que estén funcionando en estos momentos, ni se impedirá a las familias solicitar el centro que quieran".

También cree que, además de garantizar todas estas demandas, la resolución de la Consejería de Educación permite que "se dejen de subvencionar con dinero público algunas aulas vacías y duplicadas", racionalizar la oferta y frenar la "destrucción de la educación pública de la oscura época anterior".

Podemos insiste no obstante en la necesidad de aumentar la vigilancia y las sanciones para evitar que "muchos colegios privados concertados sigan incumpliendo la ley al segregar niños con necesidades especiales o al cobrar cuotas ilegales a las familias disfrazándolas de 'aportaciones voluntarias', o de precios excesivos de comedor o de transporte".

También lamenta "lo tímido de la medida del PSOE", aunque celebra que "sirva para estar al menos un poco más cerca de una educación pública entendida como un derecho, que garantice la igualdad de oportunidades, la gratuidad, la no discriminación, la innovación docente, el buen estado de las infraestructuras y la calidad en general", entre otros aspectos.