El Ayuntamiento de Zaragoza no parece dispuesto a rebajar la tensión de los últimos cuatro años que genera uno de los problemas que todos los partidos reconocen que es «endémico» y de «muy difícil solución»: los pagos de facturas sin contrato en vigor. Ayer, la izquierda arremetía contra la consabida urgencia que alegaba la responsable de Hacienda, María Navarro, para convocar la sesión con «cuatro horas hábiles y no 48 como estipula el reglamento», le recordaron PSOE, ZeC y Podemos-Equo, pero la conservadora contaba con la tranquilidad de saber que Vox estaba de su parte y le daba la mayoría suficiente. Para impulsar el pago de otros 5,5 millones más en este mes (fueron 17,9 en la sesión ordinaria del pasado día 23) y también para renunciar a su potestad de firmar el pago de estos trabajos.

Navarro derivaba esa competencia en el pleno y eso, para la izquierda, era «ponerse la venda antes de la herida» y asumir la «imposibilidad» de acabar con este problema: regularizar esos servicios sin contrato. Pero, además, hacerlo en una sesión de urgencia que nadie salvo Vox y el propio Gobierno entendía, era una «puesta en escena» o una «sobreactuación» innecesaria. La conservadora, por su parte, justificó que esa decisión ya la anunció en la sesión ordinaria del día 23 -en la que no dijo cuándo se celebraría- y dedicó buena parte de su intervención a relatar el estado actual de los servicios correspondientes a las 170 facturas que se votaban ayer. Y que se aprobaban sin ningún voto en contra. Solo el PSOE se abstuvo.

Carmen Rouco, de Vox, se despachó en tres frases toda su aportación al debate: una para aceptar la urgencia, que vio «muy normal»; otra para aprobar la renuncia de Navarro, por la «transparencia»; y otra para el pago de las facturas, por «responsabilidad». Mayoría suficiente pese a las críticas de la izquierda, que encontró la explicación en el punto siguiente, cuando se votaba otorgarle 134.000 euros a la formación de extrema derecha con una modificación de créditos que le permitirá contratar a su personal eventual.

El socialista Horacio Royo criticó a Navarro por su falta de diálogo y por recurrir a «engordar la pelota política de los reconocimientos de obligación» mientras su renuncia «demorará el pago a proveedores». Porque mientras no se lleven al pleno no se abonarán y eso puede retrasar 30 días el pago de unos servicios que, con la firma de ella, se abonarían de inmediato. Y, además, le recordó que si considera que el anterior modelo era irregular, lo que debería hacer es ir a los tribunales o modificar la base de ejecución del presupuesto que lo regula. Pero claro, para eso tendría que haber apostado por hacer presupuesto este año.

«Es una sardina que se muerde la cola de incompetencias», le recriminó Alberto Cubero, de ZeC, ahondando en esto último. A su juicio, los autónomos y pymes serán los paganos de esta renuncia de Navarro, a la que le recriminó que «su problema es que lleva cuatro años despotricando y no tiene ninguna solución». «A este paso va a llegar Navidad y su única competencia va a ser criticar al Gobierno anterior», añadió.

«Ahora se da cuenta de su contradicción», lamentó Fernando Rivarés, de Podemos-Equo, quien tildó de «acto cobarde» la renuncia a su competencia de firmar esas facturas, que supone «el reconocimiento implícito de su imposibilidad de solucionarlo».