El Gobierno de Aragón cerrará en las próximas semanas el polémico Centro de Observación y Acogida (COA) de menores Cesaraugusta, situado en Zaragoza, después de reconocer tras una valoración técnica que esta residencia «no cumplía con los requisitos de las nuevas necesidades». Así lo anunció ayer el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos, quien precisó que la clausura forma parte de un proceso que reorganizará, ampliará, especializará y personalizará los centros de protección de menores del Gobierno de Aragón.
De este modo, el Ejecutivo quiere adecuar la gestión a la nueva ley de protección del menor, aprobada hace dos años y que, entre otras cosas, indica que los menores de 3 años no deben ir a centros sino directamente a familias de acogida. «Vamos a seguir también las evaluaciones que presentó el COA y las indicaciones que hemos recibido en el proceso de participación de técnicos y asociaciones de menores tutelados», indicó Santo.
El COA ha estado envuelto en la polémica en los últimos años tanto por la gestión por parte de las empresas que lo han controlado —la adjudicación se heredó del anterior gobierno de Rudi y actualmente recala en la empresa Intress— como por las denuncias vertidas por parte de los educadores, quienes alertaron de irregularidades en contratos que ponían «en peligro» la atención a los jóvenes. Este colectivo inició una huelga indefinida en el 2014 con servicios mínimos del 100%.
INVIABLE A FUTURO
Desde la DGA, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y el propio Santos defendieron en su momento que la plantilla era suficiente y aludieron a un «conflicto laboral». Sin embargo, el gerente del IASS ya señaló el pasado mes de febrero en una comisión de las Cortes que el COA era inviable a futuro con la configuración que tiene en estos momentos.
Con la puesta en marcha del plan de reorganización, que será progresivo, los menores acogidos ahora en el COA serán atendidos de forma más personalizada en la nueva distribución de centros diseñada. Así, se crearán los hogares familiares para menores de entre 3 y 15 años, que podrán acoger grupos de hermanos y que tendrán una capacidad máxima de 10 menores. Habrá dos: uno para hermanos y el otro para menores en situación de especial vulnerabilidad. Ambos serán gestionados íntegramente por empleados públicos.
También se crearán dos casas de acogida para preadolescentes y adolescentes, una especializada para aquellos con dificultades especiales. Estas tendrán gestión externalizada pero a través de la modalidad de concertación social. «Vamos a lograr una especialización de centros y una atención más personalizada con grupos más reducidos y un número adecuado de educadores», dijo Santos.
